Hidrovía: el Gobierno adjudicó a Jan de Nul la mayor privatización de la era Milei
El Gobierno nacional confirmó este jueves la adjudicación de la concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal del río Paraná, conocida como Hidrovía, a la empresa belga Jan de Nul y su socia argentina Servimagnus. Esta decisión representa la privatización de mayor envergadura bajo la administración de Javier Milei.
La resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas, formaliza el cierre de un proceso que se extendió por más de un año y medio. La adjudicación implica una reducción inicial en las tarifas de peaje, que pasarán de 4,30 dólares por tonelada de registro neto a 3,80 dólares, lo que representa una baja del 13,5%. Esta tarifa se mantendrá hasta que se realicen las obras de profundización del dragado, tras lo cual se ajustará progresivamente hasta alcanzar los 4,65 y finalmente los 5,78 dólares.
La elección de Jan de Nul y Servimagnus se definió por su oferta técnica, luego de que ambos competidores presentaran propuestas económicas idénticas, al ofertar el precio mínimo establecido en el pliego. El Gobierno valoró la experiencia previa de Jan de Nul en los trabajos sobre la Hidrovía, dado que la firma ya había tenido a su cargo la concesión entre 1996 y 2021, y desde entonces continuó operando bajo un contrato provisorio mientras la gestión estuvo en manos del Estado.
La Vía Navegable Troncal es considerada la principal arteria logística del país, concentrando el mayor movimiento portuario y productivo de la Argentina. A lo largo de su recorrido se encuentran cerca de 60 terminales portuarias y por ella transita aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales. El negocio del dragado, señalización y mantenimiento de esta vía se estima en unos 15.000 millones de dólares.
Impacto económico y antecedentes del proceso
El Ministerio de Economía destacó, en un comunicado, que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. La firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
Desde la cartera económica, también se detalló que las obras proyectadas permitirán a los barcos completar su carga en los puertos de origen, lo que generará un mayor ahorro y expandirá la frontera productiva del país, impactando directamente en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos al disminuir los costos logísticos globales y potenciar la exportación.
Este proceso de privatización no estuvo exento de controversias. Una primera licitación, entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó en medio de denuncias de presunta corrupción y direccionamiento por parte del PRO y la Coalición Cívica, un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la presentación de un único oferente, Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME). En esta ocasión, el proceso contó con el respaldo de la mayoría de los actores, incluidos los exportadores y las provincias, a pesar de cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la empresa brasilera DTA Engenharia, que finalmente no prosperó. El Gobierno señaló que no hubo impugnaciones formales por parte del otro competidor, DEME.
Proyecciones de inversión y ganancias
La privatización marca el fin de la etapa de gestión pública de la Hidrovía, aunque el Estado mantiene su rol de autoridad de control. Según los cálculos oficiales, Jan de Nul tardará aproximadamente siete años en comenzar a obtener ganancias y 13 años en recuperar sus inversiones, lo que implica alcanzar un flujo de caja libre acumulado positivo. Para ello, la empresa deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Se estima que los peajes cobrados a los exportadores —que a su vez trasladan este costo a los productores como un descuento en el precio de compra de sus productos, como los granos— generarán ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares. Estos ingresos crecerán hasta los 389 millones de dólares en el sexto año de la concesión y saltarán a 517 millones de dólares a partir de entonces.
