Fotomultas: la ANSV detectó 152 radares sin autorización y podrían ser nulas
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un exhaustivo relevamiento de los radares instalados en rutas nacionales, con el objetivo de auditar su situación técnica y administrativa. Este operativo, que cubrió más de 40.000 kilómetros de corredores viales, derivó en la detección de numerosos equipos que operaban sin la debida autorización o fuera de las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Las inspecciones revelaron que de los 363 radares fijos inicialmente registrados, solo 239 estaban instalados y funcionando en los lugares autorizados. Otros 124 equipos no se encontraban en el sitio declarado ante la ANSV al momento del control, lo que llevó a la intimación de las jurisdicciones responsables para determinar su estado y la validez de sus habilitaciones.
La irregularidad más destacada es que se detectaron 152 radares fijos operando sobre rutas nacionales sin autorización nacional para labrar fotomultas. Ante esta situación, el organismo exigió la interrupción inmediata de los controles y el retiro de los dispositivos. La Ley Nacional 26.363 y su decreto reglamentario 1716/2008 son claros al establecer que cualquier cinemómetro en rutas nacionales debe contar con la aprobación previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Fuentes del organismo indicaron que ya se iniciaron las primeras bajas de autorizaciones y que también se revisará la situación de los equipos con verificaciones técnicas vencidas. Las provincias y municipios involucrados deberán regularizar la documentación y los controles técnicos para evitar la pérdida de sus habilitaciones.
Competencia nacional y la validez de las multas
En este contexto, la ANSV destacó un reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó la competencia del organismo nacional en materia de radares sobre rutas nacionales. Esta resolución judicial surgió a partir de un planteo presentado por el municipio de Darwin, en Río Negro, consolidando la autoridad de la Agencia en la fiscalización de estos dispositivos.
Desde el organismo, informaron a LA NACION que «todo el sistema de radarización sobre rutas nacionales se encuentra actualmente en evaluación, con el objetivo de adecuarlo a la normativa vigente, garantizar transparencia en su funcionamiento y asegurar que cumpla su finalidad principal: la prevención de siniestros viales».
La mirada de los especialistas: ¿nulidad de infracciones?
Para el abogado Guillermo Pacharoni, especializado en tránsito y seguros, este relevamiento de la ANSV pone nuevamente en discusión la legalidad de muchas fotomultas y el alcance de las competencias nacionales y provinciales. Pacharoni explicó a LA NACION que la cuestión del tránsito tiene un «problema constitucional muy fuerte», ya que «todo lo que regula el tránsito es provincial y no nacional», debido a facultades no delegadas por las provincias.
«Si un radar no está homologado, aplica la nulidad absoluta sobre el acta de infracción, sin importar si la persona efectivamente excedió la velocidad o no.»
El especialista enfatizó que una de las principales consecuencias de detectar irregularidades en los cinemómetros es la posible invalidez de las infracciones emitidas. Para que una fotomulta tenga validez, el equipo debe contar con homologación y calibración vigente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un trámite que debe renovarse anualmente. En este punto, Pacharoni advirtió sobre el conflicto en el departamento de metrología del INTI, «que lo están pretendiendo disolver», siendo este el encargado de calibrar estos aparatos.
Además de la habilitación técnica, Pacharoni señaló que las actas de infracción deben cumplir con múltiples requisitos formales, incluyendo la identificación correcta del vehículo, el lugar y la hora de la toma, y la identificación del operador. El abogado también cuestionó la modalidad de notificación, señalando que muchas infracciones «terminan siendo con un fin recaudatorio y no en materia de prevención», y que en muchos casos no se cumplen los mecanismos formales de notificación.
Pacharoni remarcó que, a menudo, los conductores terminan pagando multas irregulares debido a los costos y tiempos administrativos que implicaría efectuar un descargo o plantear la nulidad. Explicó que los recursos y apelaciones se presentan ante juzgados de faltas, que, según su visión, no son «jueces independientes del Poder Judicial, sino un empleado del Poder Ejecutivo», lo que relativiza la imparcialidad.
Finalmente, el especialista cuestionó los convenios de reciprocidad entre municipios para el cobro de multas, sugiriendo que existe un incentivo económico detrás del sistema actual, ya que «la gran mayoría de los municipios tienen convenios donde perciben una ganancia» por cada cobro.
