Nepotismo y viáticos: La Nación expuso en 2004 los «ñoquis» en el Consejo de la Magistratura
En agosto de 2004, una serie de investigaciones periodísticas publicadas por LA NACION y firmadas por Hugo Alconada Mon sacudió el ámbito judicial argentino al poner en evidencia prácticas cuestionables dentro de organismos vinculados al sistema. Los titulares, contundentes, señalaban la existencia de “ñoquis en el Consejo de la Magistratura” y acusaban a políticos y jueces por esta situación.
La denuncia inicial se centró en el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina, donde el entonces consejero Beinusz Szmukler había alertado públicamente sobre plantillas de personal excesivas, cargos de dudosa justificación y una burocracia en constante expansión que excedía las necesidades operativas reales. El término “ñoqui”, aunque simplificado, logró describir eficazmente una problemática arraigada en la administración pública: organismos creados con propósitos legítimos que, con el tiempo, acumulan empleados, asesores y estructuras paralelas, desviándose de su misión original.
El Jurado de Enjuiciamiento y la cultura del «viaticar»
La polémica no tardó en extenderse a otro organismo institucionalmente ligado: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. A diferencia del Consejo, con funciones permanentes como la selección de jueces y la administración judicial, el Jurado tiene una tarea mucho más específica y excepcional: juzgar y eventualmente remover magistrados. Esta particularidad generó interrogantes inevitables sobre su amplia estructura administrativa, el volumen de sus gastos y la suficiencia de los controles, especialmente dado su funcionamiento esporádico.
La presión pública forzó debates internos, revisiones administrativas y una reducción de personal. Sin embargo, un episodio posterior, aparentemente menor, reveló una problemática cultural más profunda. Durante el proceso contra el exjuez federal de Salta Ricardo Lona, que requería audiencias presenciales en la provincia, miembros del Jurado y personal técnico viajaron al lugar. Recibieron viáticos para cubrir alojamiento, comidas, movilidad y gastos operativos, una práctica administrativa normal.
Como ocurre normalmente en cualquier comisión oficial, cada integrante recibió viáticos destinados a cubrir alojamiento, comidas, movilidad, gastos operativos
Pero al llegar a Salta, la hospitalidad local y las relaciones humanas –viejas amistades, excompañeros, colegas– se hicieron presentes. Se sucedieron invitaciones a almuerzos y cenas, reuniones institucionales y recepciones privadas, incluyendo comidas en ámbitos tradicionales como la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes. Las “excelentes empanadas salteñas”, abundantes, hicieron que una parte significativa del dinero asignado para gastos nunca se utilizara.
La insólita devolución de fondos públicos
Al regresar a Buenos Aires, se produjo un hecho extremadamente inusual en la administración pública argentina: algunos integrantes decidieron devolver el dinero público no gastado. Esta acción, que parecería elemental, desató una situación casi surrealista. Las oficinas administrativas no estaban preparadas para recibir estos fondos; no existían formularios, procedimientos ni antecedentes. Nadie parecía haber contemplado la posibilidad de que alguien quisiera reintegrar dinero al Estado.
Algunos integrantes decidieron devolver el dinero público no gastado
Durante días, se sucedieron discusiones administrativas sobre dónde depositar el dinero, quién debía registrarlo y qué oficina debía recibirlo, sin encontrar una norma que regulara tal situación. El problema no era técnico, sino cultural. La devolución generó resistencias inesperadas, ya que algunos sectores consideraron que se estaba rompiendo una práctica largamente naturalizada. Fue entonces cuando surgió la palabra informal “viaticar”, que describía perfectamente una costumbre silenciosa: no solo recibir dinero para gastos reales, sino asumir que este podía transformarse automáticamente en un ingreso complementario, un adicional informal y no regulado, pero aceptado por costumbre.
Hubo consultas con organismos de control hasta encontrar un mecanismo que permitiera reintegrar dinero público no utilizado
La insistencia en devolver esos fondos obligó a realizar consultas con organismos de control hasta que finalmente se encontró un mecanismo para reintegrar el dinero público no utilizado. Este episodio, aparentemente menor y motivado por unas empanadas, reveló una problemática mucho más profunda. Los “ñoquis”, los viáticos y las empanadas, aunque a primera vista inconexos, son distintas expresiones de una misma cultura administrativa: la naturalización gradual de pequeños privilegios. Un cargo innecesario, un asesor sin función clara, un gasto automático o un beneficio que deja de cuestionarse porque “siempre fue así”.
Los grandes problemas institucionales no siempre nacen de actos de corrupción monumentales. Muchas veces, surgen de pequeñas deformaciones cotidianas que nadie corrige hasta que alguien formula una pregunta incómoda. Dos décadas más tarde, Argentina sigue debatiendo los mismos temas: eficiencia estatal, gasto público, burocracia, privilegios, transparencia y controles. Los gobiernos, discursos y nombres cambian, pero los problemas reaparecen con sorprendente persistencia. La pregunta fundamental sigue siendo cómo construir instituciones fuertes sin permitir que se deformen lentamente desde adentro, porque a veces las grandes crisis del Estado argentino no comienzan con escándalos, sino con un escritorio innecesario o una empanada pagada con dinero público que nunca debió gastarse.
