Sueños Compartidos: el fiscal pide 6 años de prisión para De Vido, López y los Schoklender
El proceso judicial que investiga las presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales conocido como Sueños Compartidos, gestionado entre 2006 y 2011 por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, ha entrado en su fase decisiva.
Este miércoles, el fiscal Diego Velazco, en su alegato, solicitó la pena máxima para todos los implicados en la supuesta maniobra de fraude al Estado, con pedidos de 6 y 4 años de prisión, según el grado de participación.
El exministro de Planificación Julio De Vido integra el grupo de los acusados para quienes se pidieron seis años de cárcel, junto a José López, exsecretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, exsubsecretario. A ellos se suman los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, quienes actuaron como apoderados de la fundación ejecutora del programa de viviendas.
“Fue un hecho de gran corrupción. No por el monto, sino por las estructuras administrativas que estuvieron involucradas, por las personas y funcionarios que estuvieron involucrados y por el tiempo que insumió la maniobra”, sostuvo el fiscal, quien añadió: “La pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad”.
Velazco enfatizó la interconexión entre los principales funcionarios: “Todos necesitan de todos. Fatala necesitaba de la autorización de López, que era su superior y a la vez López necesitaba de las instrucciones y de la decisión política del ministro [De Vido], que era su superior”.
Participación de exfuncionarios provinciales y el decomiso
Para los exfuncionarios provinciales Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, el fiscal solicitó la pena máxima de 4 años de prisión, en su calidad de partícipes secundarios en la presunta trama. Además, se pidió un decomiso de más de 200 millones de pesos, cifra que representa el desvío de fondos detectado “egreso por egreso” por la Auditoría General de la Nación (AGN) y las pericias contables realizadas en la causa.
El eje central de la acusación se centra en que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado convenios de manera irregular para la construcción de viviendas populares, sin los procesos de licitación correspondientes. Este esquema involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y diversas provincias o municipios.
Para el programa Sueños Compartidos, el Estado destinó alrededor de $1295 millones. De ese total, la Secretaría de Obras Públicas transfirió más de $748 millones. Según la acusación, de esta última suma habrían sido sustraídos los $206 millones que el fiscal ahora pide decomisar, lo que representa más del 23% de la financiación total.
Un “apagón” en el control estatal y desvío de fondos
Acompañado por el auxiliar Juan Argibay Molina, el fiscal Velazco realizó un exhaustivo repaso de la prueba reunida durante el juicio. Argumentó que no existen circunstancias que permitan considerar ningún tipo de atenuante para los acusados, dado que todos eran profesionales y gozaban de una buena situación económica.
“Se ha probado en este debate que se desvió dinero para cuestiones que hacen a las individualidades de los imputados. Que motivó encima que no se pudiera cumplir con el objetivo de hacer las casas o el fin social”, remarcó la fiscalía.
En su alegato, Velazco y su equipo describieron un sistema caracterizado por una “manipulación de las normas”, un “apagón” en el control estatal y una compleja trama societaria ligada a los hermanos Schoklender, diseñada para el desvío de fondos públicos.
“El perjuicio patrimonial al Estado […] se produjo por la salida de dinero del Gobierno nacional a un esquema cuya función económica real era la sustracción en beneficio de los hermanos Schoklender y de sus allegados”, afirmó Argibay Molina.
La acusación reconstruyó cómo dos programas sociales, con financiamientos superpuestos, fueron presuntamente distorsionados. Uno de ellos estaba destinado a la construcción de viviendas, centros de salud o infraestructura pública, mientras que el otro tenía como objetivo el fortalecimiento del empleo, con capacitaciones y una ayuda económica mensual.
Hebe de Bonafini, quien fuera presidenta de Madres de Plaza de Mayo y también estaba imputada en la causa, falleció en 2022, lo que extinguió la acción penal en su contra. En las próximas audiencias, será el turno de la querella para presentar sus alegatos, seguido por las defensas de los acusados.
