INTA: ex autoridades alertan sobre una «importante pérdida» de capacidades científicas y tecnológicas

Un grupo de exautoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto a representantes de organizaciones de productores y miembros de los Consejos Locales Asesores (CLA), difundió una carta pública en la que advierte sobre el profundo impacto que tendrá la reducción de personal en el organismo. Los firmantes sostienen que el proceso implica una pérdida de capacidades científicas, tecnológicas y territoriales construidas durante décadas, trascendiendo la mera cuestión presupuestaria.

Entre los referentes que suscriben la misiva se encuentran los expresidentes del INTA Carlos Cheppi, Carlos Paz y Susana Mirassou, así como el exdirector nacional Roberto Bocchetto. A ellos se suman representantes de Bases Federadas, la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe) y la Red de Consejos Locales Asesores del instituto, conformando un amplio sector que expresa su preocupación.

Impacto de la reducción de personal

El pronunciamiento se conoce luego de que, durante junio, alrededor de 900 trabajadores dejaran el organismo a través de programas de retiro voluntario. La carta señala que, si se suman estas desvinculaciones a las jubilaciones, renuncias y otros retiros registrados en los últimos dos años y medio, el INTA perdió aproximadamente 1800 agentes. Para los firmantes, el problema no se limita a la cantidad de empleados.

“La cuestión de fondo son las capacidades que el país deja de tener para generar conocimiento, innovación tecnológica y acompañamiento para el desarrollo a uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la economía argentina.”

En este sentido, afirman que el organismo está perdiendo capacidades científicas, tecnológicas y territoriales. Remarcan que una proporción significativa de quienes dejaron la institución cuenta con formación de posgrado y una extensa trayectoria de investigación, desarrollo y trabajo junto a productores, cooperativas, empresas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Las pérdidas son especialmente importantes en regiones como la Patagonia, el nordeste y la región Pampeana, donde el INTA cumple un rol estratégico para actividades productivas muy diversas. También alertan por la salida de personal técnico y de apoyo, indispensable para el funcionamiento de laboratorios, campos experimentales, agencias de extensión rural y áreas administrativas.

Consecuencias en el territorio y la sociedad

Los firmantes expresan que las consecuencias ya comienzan a reflejarse en el territorio. Las Agencias de Extensión Rural, principal nexo entre el organismo y los productores, figuran entre las dependencias más afectadas, comprometiendo tareas de capacitación, asistencia técnica, organización de productores y articulación con municipios, escuelas y organizaciones locales. A ello se suma la reducción de personal en las Estaciones Experimentales Agropecuarias, con impacto sobre investigaciones vinculadas a la producción vegetal y animal, el manejo sustentable de los recursos naturales, el desarrollo rural y los servicios de apoyo.

La carta plantea qué deja de recibir la sociedad cuando desaparecen estas capacidades. Recuerdan que el INTA trabaja en todo el país mediante estaciones experimentales, agencias de extensión, laboratorios y equipos técnicos que interactúan con productores, cooperativas, contratistas, empresas agroindustriales, universidades, municipios y organizaciones sociales. Destacan que los desarrollos del organismo son utilizados tanto por productores familiares y pymes como por empresas que integran algunos de los principales complejos exportadores del país. Entre ellos mencionan la obtención de nuevas variedades vegetales, recomendaciones de fertilización y manejo de cultivos, sanidad vegetal, conservación de suelos, agricultura de precisión, manejo ganadero y evaluación de nuevas tecnologías.

Aportes históricos y advertencias

Los firmantes también repasan algunos aportes históricos del organismo en distintas regiones. Citan el trabajo de INTA Manfredi para el desarrollo de tecnologías de maquinaria agrícola, los desarrollos de INTA Reconquista en maquinaria para pequeños productores, los avances de INTA Sáenz Peña en mejoramiento genético del algodón, los aportes de la Reserva 8 de INTA Balcarce para la ganadería bovina y ovina, y el trabajo del campo experimental Pilcaniyeu en el mejoramiento de la lana Merino y la producción de Mohair.

La carta menciona tecnologías para la deshidratación de hortalizas en Cuyo, la difusión de cultivos andinos como la quinua y el amaranto, la incorporación temprana de laboratorios de biotecnología y los aportes de los equipos de virología, patología animal y vegetal, microbiología y entomología para la detección y control de plagas y enfermedades. Asimismo, enumera otros desarrollos como sistemas de captación de agua para familias rurales, boyeros solares, proyectos de electrificación y conectividad rural, tecnologías para almacenamiento de granos, agricultura de precisión y soluciones adaptadas a las distintas realidades productivas del país.

Los firmantes alertan que la pérdida de estas capacidades no solo afecta a los productores, sino también al conjunto de la sociedad. Sostienen que un debilitamiento de los sistemas de vigilancia sanitaria dificulta la detección temprana de plagas y enfermedades, que una menor investigación aplicada reduce la generación de nuevas tecnologías y que la pérdida de presencia territorial limita el acompañamiento a las comunidades rurales.

En el tramo final del documento, reconocen que el INTA “debe revisar sus prioridades, mejorar su funcionamiento y adaptarse a nuevos desafíos”, pero afirman que ese debate debería darse de manera participativa y considerando no solo el costo de sostener la institución, sino también el costo de desmantelar capacidades estratégicas construidas durante décadas.

“La discusión excede lo presupuestario. Las capacidades pueden perderse en pocos meses; reconstruirlas puede llevar décadas.”