Conflicto judicial: Denuncian al juez de la quiebra de SanCor y la venta se complica

SANTA FE.- La venta de la histórica industria láctea SanCor, con sede en Sunchales, atraviesa un momento crítico que podría complicar e incluso suspender el proceso. El juez que dictó la quiebra, Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Rafaela, fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia santafesina por acreedores y uno de los síndicos.

Las acusaciones, presentadas por el “Frente Unificado por la Defensa de SanCor” –integrado por productores, trabajadores y extrabajadores–, señalan “situaciones de subvaluación de activos de la empresa, falta de transparencia en la gestión de bienes intangibles y la exclusión arbitraria de la sindicatura del expediente digital”. Además, se cuestiona la validez de la declaración de quiebra y el rechazo de un plan de salvataje que, según los denunciantes, fue presentado “15 minutos después” de la sentencia.

Piden un Jury y paralizar la venta

La denuncia fue elevada por el estudio de los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bregarlo. Los profesionales solicitan a la Corte que “se investigue el accionar desplegado de dicho magistrado”, entendiendo que no habría cumplido con sus funciones según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de rito en materia Civil y Comercial, la Ley de Concursos y Quiebras, y la Constitución provincial.

El objetivo principal de esta ofensiva legal es que la Corte evalúe si se dan las condiciones para la apertura de un Jury de Enjuiciamiento contra Gelcich. Si esta instancia prospera, la totalidad del proceso ordenado por el juez quedaría en suspenso, ya que el máximo tribunal debería resolver la suspensión inmediata del magistrado y de todos los plazos procesales para evitar posibles daños patrimoniales, según advirtieron desde el grupo denunciante.

“Tenemos argumentos jurídicos para que se detenga el proceso de quiebra de SanCor”, afirmó Aldo Regali.

En este marco, se interpuso una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar, buscando paralizar el llamado a licitación forzada de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas de la cooperativa.

Paralelamente, se tramita un recurso directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela por una presunta denegación de justicia. Los letrados denuncian que el juez habría clausurado arbitrariamente el tratamiento del Plan de Salvataje el mismo día en que dictó la quiebra, esgrimiendo una diferencia de apenas 14 minutos en el sistema informático, lo que impidió considerar una alternativa al desguace de la empresa.

La denuncia también destaca que el juez declaró la quiebra antes de que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa, su órgano máximo, se pronunciara. Asimismo, se apunta a la designación arbitraria de un abogado de la empresa –que no era asociado– para dirigir dicha asamblea, lo que violaría los estatutos y la Ley 20.337.

El síndico se rebela y denuncia al juez

A la denuncia de los acreedores se suma la presentación de uno de los síndicos de la quiebra, Juan Tomat (el otro es Ignacio Pacheco, tras la renuncia de Oscar Epstein). Tomat denunció al juez Gelcich ante la Corte por supuestas irregularidades, acusándolo de haber montado un mecanismo para obstaculizar el control independiente que la ley otorga a la Sindicatura.

Según la presentación, el juez habría sustituido de hecho la sindicatura por una “coadministración” designada directamente, eludiendo el sorteo legal obligatorio del registro de la Corte. Por ello, se solicitó a la Corte Suprema que inicie una investigación urgente, adopte medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y, eventualmente, ordene un sumario administrativo para juzgar la conducta del magistrado.

Hasta el momento, el juez Gelcich no ha realizado declaraciones públicas sobre las denuncias. SanCor solicitó su propia quiebra en abril, y el juzgado la aceptó una semana después, tras constatar una deuda de US$120 millones y ocho meses de sueldos atrasados, entre otros pasivos.