Privatización de Intercargo: el Gobierno no recibió ofertas para la venta de la empresa

El Gobierno nacional no recibió ninguna oferta para la compra del 100% del paquete accionario de Intercargo S.A.U., la empresa estatal de servicios de asistencia en tierra. La apertura de sobres de la licitación, realizada este jueves, confirmó la ausencia de interesados a pesar de las reiteradas extensiones de plazos en el proceso que contemplaba un precio base de US$45 millones.

Fuentes oficiales atribuyeron la falta de interés del sector privado a la política de desregulación del sector aerocomercial impulsada por la gestión de Javier Milei. Esta medida permitió el ingreso de nuevos operadores de servicios de rampa en los aeropuertos del país, modificando el escenario competitivo.

Según explicaron desde el Ejecutivo, ya fueron habilitados 13 prestadores para competir en el segmento. “La apertura del mercado modificó sustancialmente el contexto competitivo del sector, reemplazando un esquema monopólico por uno de competencia entre múltiples prestadores”, señalaron fuentes gubernamentales. Remarcaron que el proceso de saneamiento y la posterior privatización de Intercargo fueron diseñados en un contexto de mercado abierto y no sobre una posición dominante garantizada por regulaciones estatales.

“La empresa no resultó de interés para el sector privado, que no se presentó en la licitación. La experiencia recogida durante el proceso aporta información relevante para evaluar las próximas alternativas respecto de la compañía”, agregaron, aunque evitaron precisar cuáles son esas opciones. La privatización contemplaba la transferencia integral de la empresa, la salida total del Estado de su participación accionaria y la continuidad de Intercargo como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y operaciones.

Antes de la desregulación, Intercargo poseía el monopolio de los servicios de rampa, obligando a las aerolíneas a contratar sus prestaciones, salvo excepciones de autoprestación. La empresa cuenta actualmente con una dotación de 1560 empleados. Los reiterados conflictos gremiales y medidas de fuerza fueron uno de los argumentos del Gobierno para justificar tanto la apertura del mercado como el avance de la privatización.

Cuestionamientos al proceso de venta

La licitación había sido objeto de críticas por parte de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). En mayo, el gremio denunció al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a Maximiliano Voss, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), por el proceso de valuación de la empresa.

Según el gremio, el precio base fijado para la compañía en la resolución 282/2026 —US$45 millones— resultaba “cuanto menos inentendible”, dado que Intercargo registró en su último balance un superávit superior a los US$20 millones. Además, APA citó declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien durante una exposición ante el Congreso afirmó que la firma posee US$55 millones en activos corrientes.

Sin embargo, una valuación encargada por el Estado a la consultora Deloitte estimó el valor de la compañía en alrededor de US$30 millones, cifra por debajo del precio base establecido para la licitación. El año pasado, el sindicato ya había solicitado una medida cautelar para frenar la privatización, argumentando que el Poder Ejecutivo avanzó sin cumplir con el procedimiento obligatorio de tasación establecido en la Ley de Reforma del Estado (23.696).