Agricultura agiliza sumarios: las infracciones comerciales se resolverán en 90 días
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca implementó un nuevo procedimiento para los sumarios por infracciones vinculadas al control comercial agropecuario. La medida, formalizada este jueves, apunta a reducir los tiempos de resolución de los expedientes a un promedio de 90 días, un cambio significativo respecto a los plazos anteriores que podían extenderse hasta una década.
La decisión quedó establecida en la Resolución N° 89/2026, publicada en el Boletín Oficial, que fija pasos definidos y plazos específicos para cada instancia administrativa. El objetivo central es ordenar la gestión interna, fortalecer la transparencia de los procesos y asegurar el derecho de defensa de los operadores de granos y carnes.
Impacto en la eficiencia y la previsibilidad
Desde la Secretaría destacaron que el nuevo esquema ya se venía utilizando durante 2025 en la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, demostrando su efectividad al acortar procedimientos que antes podían demorar entre tres y diez años. Esta modificación responde a un contexto donde numerosos expedientes sancionatorios permanecían abiertos por largos períodos debido a la falta de criterios uniformes y cronogramas definidos para su tramitación.
Una sanción que demora años en hacerse efectiva pierde capacidad para cumplir con su propósito principal, que es corregir conductas irregulares y promover condiciones de competencia equitativas dentro de la actividad.
La acumulación de causas iniciadas incluso una década atrás, con resoluciones que llegaban cuando las circunstancias originales ya habían cambiado, generaba ineficacia. La cartera nacional considera que la rapidez en la resolución de los expedientes es clave para que las medidas adoptadas tengan efectos concretos sobre el funcionamiento del mercado y cumplan su fin correctivo.
Transparencia y derecho a defensa
La actualización busca otorgar mayor previsibilidad a los actores de las cadenas de granos y carnes, evitando la paralización de procesos administrativos. Con este nuevo marco, los operadores contarán con un procedimiento claramente definido, con etapas identificables y tiempos determinados para cada actuación administrativa.
Al mismo tiempo, el esquema procura preservar el derecho de defensa de los operadores, garantizando que las actuaciones se desarrollen bajo reglas claras y con procedimientos transparentes. La normativa comenzará a aplicarse sobre los expedientes iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia.
