La Iglesia denuncia atropellos en operativos antinarco en villas porteñas
La Iglesia Católica en Argentina levanta la voz ante lo que considera atropellos en los operativos antinarco que se desarrollan en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una carta dirigida al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, los curas villeros denuncian una serie de irregularidades y abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante los allanamientos.
Según el documento leído ante el propio arzobispo, los sacerdotes que trabajan en los barrios más vulnerables de la capital afirman que la policía «le sacaron los alimentos y la ropa a quienes la venden para ganarse el sustento», afectando directamente la economía de subsistencia de muchas familias. Las denuncias también incluyen el secuestro de motos y, en algunos casos, la detención de personas que, según los curas, serían inocentes.
Cuestionamientos al nombre y la estrategia
Monseñor García Cuerva, por su parte, no solo respaldó las preocupaciones de los curas villeros sino que también cuestionó públicamente el nombre elegido para estas acciones policiales: «Tormenta Negra». Para el arzobispo, esta denominación se vincula más con las «calamidades» y el sufrimiento que padecen los vecinos de las villas, que con una estrategia efectiva y respetuosa de la dignidad humana.
En una carta leída ante el arzobispo de Buenos Aires, los curas villeros dicen que los policías «le sacaron los alimentos y la ropa a quienes la venden para ganarse el sustento» y se llevaron motos y hasta personas inocentes. A su vez monseñor García Cuerva cuestionó el nombre de las acciones -«Tormenta Negra»- que para los vecinos, dijo, se vincula más bien con las calamidades que padecen.
La crítica de la Iglesia se centra en la percepción de que estos operativos, más allá de su objetivo declarado de combatir el narcotráfico, se transforman en un «show mediático» que revictimiza a los habitantes de las villas, quienes ya enfrentan condiciones de vida precarias y estigmatización social. La comunidad eclesiástica exige un abordaje que respete los derechos humanos y que no criminalice a la población en su conjunto, diferenciando la lucha contra el delito de las necesidades y realidades de los vecinos.
