La Justicia ordena a Adorni garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos
El juez federal Alejo Ramos Padilla ha dictado una medida cautelar que exige al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, garantizar de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La resolución judicial responde a un reclamo urgente de fiscales especializados en violaciones a los derechos humanos, quienes advirtieron sobre una «situación crítica presupuestaria y operativa» que pone en riesgo la continuidad de este organismo esencial para la identificación de personas.
La advertencia de los fiscales señalaba que la crisis podría afectar gravemente la capacidad del BNDG para realizar pericias genéticas y, lo que es aún más preocupante, para preservar las muestras biológicas acumuladas durante casi cuatro décadas. Este material genético es fundamental para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y la búsqueda de identidad.
Crisis presupuestaria y riesgo de continuidad
La resolución judicial, a la que tuvo acceso LA NACION, es clara: «Ordenar como medida cautelar interina que al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Lic. Manuel Adorni […], disponga de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos».
Fuentes del sector han revelado que la situación del BNDG se agravó recientemente cuando una empresa encargada del mantenimiento y la limpieza del edificio retiró sus servicios debido a la falta de pago. Esta situación crítica pone en peligro no solo la preservación de muestras biológicas y documentación, sino también los datos genéticos que constituyen un archivo histórico y científico de incalculable valor.
Un organismo clave en derechos humanos y la búsqueda de identidad
La medida cautelar se enmarca en una investigación por posible «supresión de identidad» durante la última dictadura cívico-militar. El juez Ramos Padilla enfatizó que el BNDG es un organismo «esencial» para este tipo de investigaciones. Actúa como perito oficial exclusivo en causas de búsqueda e identificación de hijos de desaparecidos y de restos de víctimas de la represión ilegal. Su rol es insustituible en la reconstrucción de la verdad y la restitución de identidades.
El BNDG fue creado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con el objetivo primordial de colaborar en la búsqueda de niños nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente durante la dictadura. A lo largo de los años, su expertise se ha extendido, colaborando en la determinación de filiaciones en otros casos no vinculados directamente con crímenes de lesa humanidad, especialmente en épocas donde la investigación genética no estaba tan desarrollada como en la actualidad.
Ante la gravedad de la situación, el magistrado ha solicitado informes en un plazo de cinco días a la Jefatura de Gabinete, al propio BNDG y al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahíques. El objetivo es determinar la eventual responsabilidad del Estado frente a una posible afectación del servicio de justicia, que podría tener consecuencias irreversibles en causas sensibles y de profundo impacto social.
