Manuel Adorni: la Justicia investiga sus finanzas mientras el Gobierno minimiza un posible «tapón fiscal»

Las causas judiciales que investigan el crecimiento patrimonial, los viajes y la vinculación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el periodista Marcelo Grandío, financista de un vuelo privado a Punta del Este, avanzan sin pausa. En este contexto, ha trascendido la posibilidad de que Adorni intente acogerse al régimen de la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa recientemente sancionada.

Sin embargo, en el entorno del funcionario minimizan esta versión. Aseguran que Adorni cuenta con toda la documentación respaldatoria para justificar sus gastos e ingresos, lo que haría innecesario recurrir a este beneficio fiscal.

La polémica Ley de Inocencia Fiscal y los funcionarios expuestos

La Ley de Inocencia Fiscal, sancionada por el Congreso en febrero, fue presentada por el Ejecutivo como una medida para «devolver la libertad a los argentinos». En concreto, eleva el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos y el de agravada a 1.000 millones de pesos, buscando incentivar la registración de dólares «del colchón».

Un punto polémico de la nueva normativa es que no prohíbe a los funcionarios públicos, considerados sujetos políticamente expuestos (PEP), acogerse a sus beneficios. Esta excepción fue un logro del oficialismo durante la discusión en comisión de la ley, sorteando un agravante que suele aplicarse a este tipo de figuras.

Pese a esta habilitación, fuentes cercanas al ministro coordinador insisten en que Adorni no necesitaría recurrir a la «Inocencia Fiscal» para justificar ingresos que le permitieron, por ejemplo, financiar viajes a Aruba o solventar la costosa remodelación de su casa en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz, valuada por el contratista Matías Tabar en 245 mil dólares. La defensa se centra en la existencia de «toda la documentación respaldatoria» sobre sus movimientos.

Las inconsistencias bajo la lupa judicial

A pesar de las garantías del entorno de Adorni, un sector del gobierno mantiene la posibilidad de que el jefe de Gabinete intente beneficiarse de la ley, lo que generaría una fuerte polémica dada su condición de PEP. Como funcionario, Adorni debe presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y, tras haber sido electo diputado porteño en 2025, también ante un organismo porteño, detallando sus ingresos durante sus primeros dos años de gestión.

Una fuente sindical del organismo recaudador deslizó que Adorni no podría beneficiarse con ese régimen. No obstante, otros expertos consultados consideran que está eximido de las limitaciones y sí podría incorporarse. «Podría pedir un tapón fiscal, pero el problema que tiene es que debería presentar una DDJJ inmaculada, con todo bancarizado y no tener gastos que superen el 15% de sus ingresos», explicó un tributarista.

Las «inconsistencias» que han trascendido en sede judicial complican un posible intento de acogerse a un régimen fiscal simplificado. «Todas las inconsistencias parecen datar de 2025, cuando compró la casa y le pidió el préstamo a las jubiladas y todo lo demás. Y está inmerso en el período en el que el fisco va a poder analizar», agregó el especialista.

Según la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, en poco más de un año, Adorni movilizó 104.640 dólares. Fuentes judiciales indicaron que, hasta el momento, «no hay respaldo documental de esos movimientos en efectivo”. La fiscalía busca determinar «¿de dónde obtuvo Adorni los dólares que utilizó para pagar gastos en efectivo?».

Declaraciones juradas y deudas bajo examen

La última Declaración Jurada (DDJJ) de Adorni disponible en la OA, correspondiente a 2024, consigna la tenencia de 42.500 dólares y una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 dólares. También declaró una hipoteca privada por 100.000 dólares en efectivo, recibidos en noviembre de 2025 de Graciela Molina y Victoria Cancio (madre e hija) para la compra de su casa en Indio Cuá. A ese monto, el matrimonio Adorni-Angeletti sumó 20 mil dólares, operación certificada por la escribana Adriana Nechevenko.

Las deudas del funcionario son otro punto de estudio. En noviembre, Adorni debe devolver 70.000 dólares (con un interés del 11%) a Molina y Cancio. A las jubiladas que garantizaron la hipoteca privada para el departamento de Miró 500, les debe pagar 200.000 dólares. Además, según la declaración testimonial de Pablo Feijoo, quien le vendió este último inmueble, el jefe de Gabinete le adeuda 65.000 dólares en efectivo por refacciones en la vivienda de Caballito. En total, las deudas ascienden a 335.000 dólares.