Fallo histórico de la Corte: Santa Cruz destraba su pantano judicial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a un prolongado conflicto de poderes en Santa Cruz, al destrabar la reforma judicial impulsada por el gobernador Claudio Vidal. El fallo del máximo tribunal ordena la incorporación inmediata de los cuatro vocales designados el año pasado, lo que marca un punto de inflexión en la provincia y podría derivar en la reposición de Eduardo Sosa como Procurador General, quien fue apartado de su cargo hace tres décadas por el kirchnerismo.
Esta decisión judicial no es la primera vez que la Corte interviene en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. En 2001 y 2009, el máximo tribunal ya había dictaminado la restitución de Sosa, una orden que nunca se cumplió, dejando un antecedente de desobediencia y evidenciando el respaldo político del kirchnerismo a las decisiones del tribunal provincial en aquel entonces.
El gobernador Vidal celebró el fallo con contundencia. A través de sus redes sociales, afirmó:
“Fin de la impunidad en Santa Cruz. ¡Se terminó! Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables. En Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos”.
El mandatario provincial también sostuvo que durante treinta años se destruyó la producción y se vació la provincia, mientras “una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo”.
La reforma judicial y la resistencia interna
El conflicto se originó cuando el oficialismo provincial impulsó una ley para ampliar de cinco a nueve miembros la integración del Tribunal Superior de Justicia. Pese a que la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro nuevos vocales —Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega— y estos juraron ante el entonces presidente del cuerpo, Daniel Mariani, no pudieron asumir sus funciones.
Los cuatro vocales antiguos, identificados con el kirchnerismo, resistieron la reforma. Destituyeron a Mariani de la presidencia, desconocieron a los nuevos miembros, les negaron el pago de salarios y les prohibieron el ingreso al edificio judicial. Finalmente, declararon la inconstitucionalidad de la ley de ampliación, lo que llevó al gobierno provincial a presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado.
El vicegobernador Fabián Leguizamón, quien también recurrió a la Corte, calificó el fallo como “el acto de justicia más importante que tenemos los santacruceños en los últimos años”. En declaraciones a LA NACION, Leguizamón agregó: “Vamos a empezar a tener garantías constitucionales. Es un día histórico; por fin se le pudo poner un freno al atropello de las instituciones, la división de poderes y las injusticias que nos castigaron durante 30 años”.
Efecto dominó en el Palacio de Tribunales
Las repercusiones del fallo no se hicieron esperar. Minutos después de conocido, el juez Daniel Mariani, quien había sido apartado de la presidencia del Tribunal en octubre pasado, solicitó que la Dirección General Administrativa y de Recursos Humanos del TSJ disponga el alta inmediata de los cuatro vocales desde el día de su juramento.
Todo indica que Mariani asumirá nuevamente la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, mientras que Reneé Fernández, quien ostentaba el cargo desde octubre, volverá a su posición de vocal. El cuerpo se completaría con Fernando Basanta —quien en diciembre pasado sorteó un juicio político—, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. Si bien desde el Palacio de Tribunales aseguran que “se trabajará con calma y dedicación para poner todo esto al día”, la relación entre las dos alas del tribunal se encuentra visiblemente fracturada.
Fuentes del Gobierno provincial señalaron que el fallo de la Corte otorga un nuevo impulso político al oficialismo en la Legislatura. Esto permitirá retomar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Justicia para reponer a Eduardo Sosa en el cargo de Procurador General. Sosa ejerció como Procurador entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial impulsada por Néstor Kirchner, con el aval de diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner, lo apartó de su cargo sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces. El año pasado, al enviar el proyecto, el gobernador Vidal había expresado que la restitución buscaba “saldar una deuda histórica de la Provincia de Santa Cruz y restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional gravemente menoscabada por el incumplimiento de mandatos judiciales”.
