AFA bajo la lupa: denuncian red de lavado de dinero y «delincuencia organizada transnacional» con Tapia y Toviggino
Una grave denuncia de la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, pone en el centro de la escena a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a sus principales dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Talerico describe un presunto esquema de defraudación, lavado de dinero y “delincuencia organizada transnacional” que involucra una vasta red de personas, sociedades y testaferros, tanto en Argentina como en el extranjero.
El informe de Talerico, publicado bajo su autoría, detalla cómo el desvío de fondos de la AFA y el lavado de activos se articularían a través de múltiples maniobras financieras. La investigación, que sorprende por los millones de dólares en juego, señala como ejes centrales a diversas sociedades locales. Entre ellas se mencionan Norte Argentino SRL, HT SRL, DCT SRL, Malte SRL, Bori SRL, Indunoa SRL, Soma SRL, Lindor SRL, Barwa SRL, Segon SRL, Carbello SRL, Servicios Neurus SA, Servicios Lindor SRL y Red Central SRL.
A nivel internacional, la denuncia apunta a TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni; Odeoma Gestión SL, de Fabián Saracco; y otras sociedades como Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC / Stratega Group, Global FC LLC y Dicetel Corp. Otro componente inescindible de esta red sería el relacionado con Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA y Grupo Sur Finanzas SA, junto a ARS Cambios (inhabilitada por el BCRA) y Centro de Inversiones Concordia, asociadas al “financista de la AFA”, Ariel Vallejos.
La quinta de Pilar, complicidades judiciales y el rol de la UIF
La exvicepresidenta de la UIF señala la famosa quinta de Pilar como una “obscena demostración del despilfarro de los fondos de la AFA” hacia el patrimonio personal de sus dirigentes. En este contexto, Talerico denuncia un intento por trasladar la investigación a esa jurisdicción judicial, con la presunta “complicidad” del juez Adrián González Charvay (Juzgado Federal de Zárate-Campana) y de Mario Lugones (camarista de la Cámara Federal de San Martín).
La mudanza de la sede histórica de la AFA de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, a un terreno baldío en Pilar es calificada como un “burdo fraude a la ley”. Según Talerico, esta maniobra buscaría obtener protección de “políticos y jueces cómplices” en el futuro, pero no eximiría a los involucrados de los hechos pasados que hoy se juzgan.
La complejidad de las operaciones detectadas, incluyendo la creación de sociedades y movimientos patrimoniales y financieros, sugiere una “amplia red para estructurar el lavado de dinero”. Esto involucraría no solo a profesionales facilitadores, sino también a “autoridades relevantes de nuestro sistema institucional que, desde hace años, no controlan, no reciben alertas, no investigan y, en definitiva, encubren”.
Mientras los jueces se disputan el expediente, la jurisdicción se estaría definiendo a favor de la doctora María Verónica Straccia, del fuero penal económico de la Capital Federal. Se espera que la jueza concentre todas las investigaciones conexas, con el “origen del dinero” —los distintos negocios de la AFA— como factor común. La investigación de la “ruta del dinero” es clave para desvelar el entramado. Talerico lamenta que el Gobierno actual haya quitado a la UIF las facultades para querellar, debilitando su rol en este tipo de causas. En este escenario, destaca la labor del doctor Diego Amarante, quien logró avanzar por infracción a la ley penal tributaria.
Dimensiones internacionales y censura a la prensa
La denuncia de Talerico invoca la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) de 2000, suscripta por todos los países de América. Esta convención define un grupo delictivo organizado como un grupo estructurado de tres o más personas que actúa concertadamente con el propósito de cometer delitos graves para obtener un beneficio económico. También define el delito transnacional como aquel que se comete en más de un Estado o produce efectos sustanciales en otro, características que, según la exfuncionaria, coinciden “elocuentemente” con el caso de la AFA.
La Convención de Palermo inspiró las normas del GAFI para desmantelar el poder económico de estas organizaciones corruptas. Talerico subraya que estos marcos normativos rigen tanto para asociaciones que manejan fondos públicos como privados, y que todas están sujetas a control y transparencia. Recuerda que Claudio Tapia es también presidente del CEAMSE, y que las rutas económico-financieras de la investigación AFA deberían extenderse a esa institución.
Finalmente, la denuncia aborda la “brutal” búsqueda de silenciar voces y lograr impunidad. Se refiere a una cautelar “insólita” del juez Walter Saettone que, al hacer lugar a una medida, violaría la garantía constitucional de libertad de prensa. Periodistas como Nicolás Pizzi, Luis Gasulla, Mariano Roa, Federico Teijeiro y Bruno Yanco, junto a dirigentes políticos como Matías Yofre y Facundo Del Gaiso, son “constantemente amedrentados, perseguidos y sometidos a demandas millonarias y fuertes presiones”. En el caso de Yofre, incluso sufrió un allanamiento en su vivienda familiar, de “dudosa legitimidad judicial”.
La exvicepresidenta de la UIF vincula a Tapia con el gobierno de Kicillof y a Toviggino con el de Santiago del Estero y Sergio Tomás Massa, lo que incrementaría las sospechas de prácticas al margen de la ley y el uso del poder para garantizar impunidad. Concluye cuestionando si un eventual triunfo de la Selección en el Mundial 2026 otorgará “mayor poder de fuego a la dirigencia corrupta del fútbol argentino” para controlar la prensa libre y lograr impunidad.
