Caso Vialidad: Luciani evalúa un tercer pedido de decomiso y actualizar la cifra del fraude
El fiscal federal Sergio Luciani, a cargo de la acusación en la causa conocida como Vialidad, avanza en la preparación de un tercer pedido de decomiso de bienes y evalúa solicitar una actualización del monto originalmente fijado para cubrir el fraude. Las nuevas acciones apuntan a asegurar la restitución de los fondos públicos defraudados, considerando la desvalorización monetaria desde que se estableció la cifra inicial.
Este nuevo frente del Ministerio Público Fiscal se enfoca en diversas propiedades y activos vinculados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez. Entre los bienes bajo análisis se encuentran participaciones societarias en distintas empresas, así como bienes inmuebles y estancias que forman parte del patrimonio de los condenados en la causa.
La desactualización del monto original
La principal motivación detrás de la revisión es la convicción del fiscal Luciani de que el monto de 685.000 millones de pesos, fijado inicialmente para el decomiso, ha quedado significativamente desactualizado. Este valor fue establecido para resarcir el fraude por el cual los implicados fueron condenados, pero la inflación y el paso del tiempo habrían erosionado su poder adquisitivo, dejando un desfasaje con el perjuicio real al Estado.
El objetivo del fiscal es garantizar que el decomiso sea suficiente para cubrir el daño patrimonial causado por la adjudicación irregular de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, principal eje de la investigación. La actualización del monto buscaría reflejar de manera más precisa el valor actual de la reparación que el Estado debería recibir.
Alcance de los bienes bajo la mira
Los bienes que entrarían en la órbita de este posible tercer pedido de decomiso incluyen un amplio espectro de activos. Se mencionan específicamente participaciones societarias en las empresas involucradas en la trama, así como bienes muebles e inmuebles de dichas compañías. Además, el foco está puesto en las estancias y otras propiedades rurales que figuran a nombre de la familia Kirchner y de Lázaro Báez, considerados parte fundamental del entramado de corrupción.
Estas medidas buscan asegurar que los responsables del fraude no puedan disponer de los activos obtenidos ilícitamente, y que el Estado recupere la mayor cantidad posible de dinero desviado. La estrategia judicial de Luciani se mantiene firme en la persecución de los bienes como parte integral de la condena.
