Participación ciudadana: el Gobierno impulsa una ley que alarma a organizaciones de la sociedad civil

La participación ciudadana, pilar fundamental de la democracia y derecho inalienable, se encuentra en el centro de un debate crucial en Argentina. Dos recientes iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional han encendido las alarmas en organizaciones de la sociedad civil, que las interpretan como un posible retroceso en la capacidad de los ciudadanos y las entidades para influir en las decisiones públicas y controlar al poder de turno.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, subraya que la democracia trasciende el mero acto de votar y que la participación es esencial para que las decisiones públicas incorporen diversas perspectivas, permitiendo a quienes gobiernan escuchar antes de actuar. Además, enfatiza su rol clave en el control del poder. Sin embargo, las medidas gubernamentales recientes sugieren que la sociedad civil organizada podría ser vista más como un problema que como un activo valioso.

Proyecto de Ley de “Gestión de Intereses”: ¿Transparencia o control?

La primera medida que genera controversia es el proyecto de ley de “gestión de intereses” que el oficialismo impulsa en el Congreso. Esta iniciativa establece la obligatoriedad de inscribirse en un registro estatal para “todo aquel que intente influir en una decisión pública”. Lo más preocupante para la sociedad civil son las penas de hasta cuatro años de prisión para quienes no cumplan con este registro, mientras que las sanciones para los funcionarios que no registren sus reuniones serían menores.

Secchi ejemplifica la potencial distorsión de esta ley al recordar casos emblemáticos de participación ciudadana en Argentina. Susana Trimarco, en su incansable búsqueda por su hija Marita Verón, logró cambios legislativos en la lucha contra la trata de personas. Juan Carlos Blumberg, tras la trágica muerte de su hijo Axel, movilizó a cientos de miles de personas y presentó propuestas de reforma penal en el Congreso. María Luján Rey, madre de Lucas, víctima de la tragedia de Once, dedicó su vida a exigir justicia y políticas de seguridad vial. Ninguno de ellos actuaba por intereses económicos, sino por la defensa de derechos y la búsqueda de justicia.

Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobista corporativo no es una ley de transparencia. Es una ley que no sabe -o no quiere- distinguir.

Según la definición del proyecto, estos referentes sociales habrían sido considerados “gestores de intereses”, obligados a registrarse como cualquier empresa con intereses económicos y, de no hacerlo, pasibles de sanciones penales. Para Poder Ciudadano, esta equiparación desdibuja la esencia de la participación ciudadana y la confunde con el lobby corporativo, alejándose de una verdadera ley de transparencia.

Eliminación de la participación ciudadana en la designación de jueces

La segunda medida que alarma es la modificación de los decretos 222 y 588 del año 2003. Estos decretos establecían un plazo de quince días para que ciudadanos, organizaciones o universidades presentaran observaciones fundadas antes de que el Poder Ejecutivo elevara al Senado los nombres de los candidatos a jueces de la Corte Suprema, jueces inferiores, el Procurador General y los fiscales. Esta instancia de participación previa fue eliminada.

Si bien el Gobierno argumenta que la participación se mantiene a través de las audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado, Secchi sostiene que no es lo mismo. Cuando el pliego llega al Senado, ya cuenta con el peso político de la decisión del Ejecutivo, lo que reduce el margen de influencia ciudadana. Además, destaca que, sin debate, también desapareció la recomendación de considerar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional como criterios de selección, un aspecto que considera crucial en un país federal.

Advertencias internacionales: el riesgo de restringir la sociedad civil

El director de Poder Ciudadano advierte sobre las experiencias internacionales que demuestran los peligros de leyes que, bajo el pretexto de la transparencia, terminan por controlar y restringir a la sociedad civil. Ejemplos como la ley de “agentes extranjeros” de Putin en Rusia (2012), la normativa de Orbán en Hungría o las medidas adoptadas en Nicaragua y El Salvador por Bukele, son citados como casos donde normativas similares derivaron en el cierre de organizaciones, la estigmatización y la reducción significativa del espacio cívico.

La participación ciudadana no es un complemento de la democracia: es parte constitutiva de ella. Y en democracia, a nadie hay que pedirle permiso para ejercerla.

Si estas medidas avanzan, el mensaje para las madres que marcharon, las organizaciones que denunciaron corrupción, los ciudadanos que demandan mejores leyes o defienden derechos, sería claro: su actividad es un problema que el Estado necesita controlar por primera vez desde el regreso de la democracia. Y la opinión sobre quién integra el Poder Judicial, un privilegio que el Ejecutivo ya no estaría dispuesto a compartir.