Default 2001: Argentina cierra el último capítulo con el pago a los fondos Bainbridge y Attestor
El 23 de diciembre de 2001, en medio de un colapso político y económico sin precedentes que había derivado en la renuncia del gobierno de Fernando de la Rúa, el entonces presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá anunció ante la Asamblea Legislativa la cesación de pagos de la deuda soberana. La ovación que recibió en ese momento quedó grabada en la memoria colectiva, marcando el inicio del mayor default de la historia.
Esa cesación de pagos, equivalente a US$144.279 millones (el 53,8% del PBI de entonces), desató más de dos décadas de litigios, embargos y complejas negociaciones internacionales. Ahora, casi 25 años después, el Congreso de la Nación ha dado el paso final para cerrar este extenso capítulo. Ayer, la Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, los últimos holdouts con sentencia firme contra la Argentina.
Un camino sinuoso: de Lavagna a Griesa
El primer intento de reestructuración de la deuda se produjo en 2005. Bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el ministro de Economía Roberto Lavagna lanzó un canje que contemplaba una quita del 66% de la deuda. Este canje introdujo los bonos cupón PBI, un instrumento que pagaba más intereses si la economía crecía, y que con el tiempo generaría sus propios conflictos judiciales. La adhesión a esta propuesta inicial alcanzó el 76% de los tenedores.
En 2010, con Cristina Kirchner en la presidencia y Amado Boudou al frente de la cartera económica, el Estado reabrió el canje. Para ello, se debió modificar la Ley Cerrojo, una normativa ideada por Lavagna para evitar propuestas posteriores a quienes no ingresaran al canje. Esta segunda etapa logró elevar la participación al 92,4%, pero dejó un 7,6% de acreedores que iniciaron acciones judiciales, dando origen a la saga de los “fondos buitre”.
El litigio con estos fondos, especialmente el impulsado por NML-Elliott Capital Management y su abogado Dennis Hranitzky, escaló y en 2014 derivó en un default técnico. El juez Thomas Griesa, del Distrito Sur de Nueva York, impuso cautelares que impedían al país pagar a los bonistas que sí habían aceptado los canjes anteriores. Las consecuencias fueron dramáticas: en 2012, el fondo NML-Elliott logró confiscar la Fragata Libertad en el puerto de Tema, Ghana, un episodio que expuso la vulnerabilidad de los activos del Estado argentino en el exterior y se convirtió en un símbolo de la fragilidad jurídica del país.
La salida parcial y los últimos remanentes
En abril de 2016, pocos meses después de la asunción de Mauricio Macri, la gestión del entonces ministro Alfonso Prat-Gay y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, negoció con los demandantes y pagó US$9300 millones a un grupo de holdouts. Este acuerdo permitió que Griesa levantara las cautelares y la Argentina saliera del default técnico. Hacia 2019, con acuerdos adicionales, el monto total abonado trepó a US$11.000 millones, llevando la adhesión acumulada a casi el 99% de los tenedores originales.
Aun así, un pequeño remanente no aceptó ninguna de las propuestas. Los más activos eran Bainbridge y Attestor, quienes contaban con sentencias firmes. El año pasado, tras el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a la apelación argentina, estos fondos lograron embargar alrededor de US$310 millones. En instancias previas, ya se había obligado al país a entregar títulos que funcionaban como garantía de pago de los bonos Brady. Bainbridge incluso había solicitado ante la jueza Loretta Preska, también del Distrito Sur de Nueva York, la entrega de la participación argentina en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas.
El acuerdo final
En marzo de este año, el Estado confirmó ante la jueza Preska un principio de acuerdo. Las partes pactaron suspender los procedimientos judiciales mientras se avanzaba en la formalización. La negociación contempló una quita de entre el 30% y el 35%: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, y Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. El monto total del acuerdo quedó en US$171 millones, según explicó el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ante el Congreso.
La reciente aprobación del proyecto por parte de Diputados elimina el riesgo de eventuales embargos sobre activos estratégicos del Estado. Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, destacó que el acuerdo contempla condiciones beneficiosas para el Estado, con una reducción superior al 30% respecto de los montos de las sentencias. “Damos un paso importante para cerrar otro capítulo de una historia que nunca debió llegar tan lejos”, escribió Stampalija en la red social X.
La saga del default argentino y los fondos buitre dejó una huella en el sistema financiero internacional, popularizando las cláusulas de acción colectiva (CAC), un mecanismo que extiende los términos de un canje a todos los acreedores si una mayoría considerable lo acepta. Casi 25 años después de aquel anuncio que generó una ovación en el Congreso, el capítulo final de la deuda de 2001 se cierra definitivamente.
