Copal alertó que las provincias retienen $43.000 millones de la agroindustria y los usan para financiarse
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) emitió una severa advertencia sobre la situación financiera que atraviesa el sector agroindustrial en Argentina. Según un informe presentado por la entidad, las provincias retienen forzosamente $43.000 millones de las empresas a través de la acumulación de Saldos a Favor (SAF) del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta práctica, denuncian, se ha convertido en un “financiamiento forzoso” a tasa cero para las administraciones provinciales, afectando directamente el capital de trabajo, la inversión, la producción y el empleo en eslabones clave como las industrias aceitera, láctea y cárnica.
Desde Copal, que representa a 34 cámaras sectoriales y un total de 14.700 empresas, afirmaron que las compañías se ven obligadas a adelantar montos millonarios a las administraciones provinciales de manera compulsiva. La falta de mecanismos de devolución o exclusión dinámicos provoca que los SAF continúen inmovilizados, lo que consideran una “expropiación encubierta” de capital.
Impacto y casos emblemáticos de la retención
El stock acumulado de estos saldos a favor equivale a 29 meses de impuesto determinado promedio, lo que significa casi dos años y medio de carga tributaria adelantada por las empresas. La situación, lejos de mejorar, se ha profundizado respecto a marzo de 2025 (sic), sin que las compañías encuentren mecanismos efectivos de solución, según la entidad.
Las producciones de las regiones del norte y las zonas extrapampeanas son las más perjudicadas por esta asimetría federal. La provincia de Misiones es señalada como el “emblema” de este esquema distorsivo, concentrando el 35% del total del SAF acumulado en todo el país. Una firma del sector en Misiones tardaría, en promedio, 142 meses (casi 12 años) en absorber esos créditos fiscales.
El informe de Copal destaca un caso testigo que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el Establecimiento Las Marías, una empresa del sector yerbatero. Debido a los regímenes misioneros, la compañía llegó a acumular un saldo mensual que implicó adelantar más del 30.000% del impuesto determinado. Esto, ironizan desde Copal, significaría haber adelantado más de 300 años de impuestos, una cifra que excede con creces la expectativa de vida de cualquier sociedad anónima.
Detrás de Misiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) retiene el 26% del saldo inmovilizado, afectando a empresas con base allí que producen en el interior. La provincia de Buenos Aires concentra el 9%, aunque con un esquema de devolución de dos meses, el más ágil de la muestra. Le siguen Salta con el 6% y Mendoza con el 4%.
“Los Saldos a Favor de Ingresos Brutos son capital de trabajo atrapado por el sistema tributario. Son fondos que pertenecen a las empresas, que podrían estar motorizando inversiones y producción, sin embargo, están financiando a tasa cero a las provincias”, alertó Carla Martín Bonito, presidenta de Copal.
La dirigente fue contundente al describir la encrucijada del aparato productivo: “El problema es estructural, crónico y creciente. Empresas de nuestro sector están acumulando impuesto adelantado en forma creciente desde hace décadas”. Martín Bonito enfatizó que “no es posible construir una economía competitiva sobre esquemas que obligan a adelantar impuestos inexistentes”.
Proyecciones futuras y propuestas de Copal
Copal ya está preparando un próximo relevamiento, y las señales preliminares que reciben de las mesas contables de las empresas agroindustriales no son alentadoras. La proyección indica que la acumulación de fondos retenidos a tasa cero en un contexto inflacionario e inestable será “aún peor” que la registrada el año pasado.
La entidad recordó que su agenda, presentada a los ministerios económicos, incluye cinco puntos “innegociables” para resolver la problemática: la eliminación lisa y llana de los regímenes de pagos a cuenta; la creación de mecanismos dinámicos y automáticos de devolución; la prohibición de seguir reteniendo dinero a empresas que ya tienen saldos a favor acumulados; la autorización para usar esos SAF para pagar otros impuestos provinciales y, fundamentalmente, avanzar hacia un sistema previsible.
