Fuerte cruce entre cerealeras y el Gobierno por el costo del gas importado

La implementación de un nuevo esquema para la importación y comercialización de gas natural licuado (GNL) por parte del Gobierno nacional generó un nuevo foco de tensión con el sector exportador. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que nuclea a las principales empresas exportadoras del país, envió una carta a la Secretaría de Energía para cuestionar un importante aumento aplicado por Enarsa en el costo de regasificación del gas importado, comunicado horas antes de una subasta crucial en el Mercado Electrónico del Gas (Megsa).

El reclamo de Ciara surgió tras la compulsa del pasado miércoles, donde se colocaron nueve cargamentos de GNL para cubrir parte de la demanda de junio. El nuevo mecanismo buscaba que industrias, distribuidoras y generadoras eléctricas compraran de forma anticipada el gas importado por Enarsa, en un paso hacia una mayor participación privada en el mercado.

Sin embargo, la polémica se desató cuando Enarsa elevó el cargo asociado a la regasificación y logística del combustible importado de US$3,50 a US$5,16 por millón de BTU. Según la entidad, este incremento fue comunicado con escasas horas de antelación a la subasta, sin tiempo para que las empresas evaluaran el impacto económico ni la justificación técnica de la medida.

Lo que no puede hacer es comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconoce y cuya razonabilidad no puede verificar.

Así lo señaló la cámara en su misiva a Energía. El cuestionamiento, que no solo se centra en el monto sino también en la falta de previsibilidad y coordinación, resalta que este cargo superó incluso la oferta de la española Naturgy para importar y recomercializar GNL durante el invierno, propuesta que el Gobierno consideró inicialmente “cara” y descartó.

Malestar interno y contexto internacional

La situación ya había sido informada por el portal especializado EconoJournal, que además reveló el malestar interno que la decisión de Enarsa generó dentro del área energética del Ministerio de Economía. Según trascendió, funcionarios de Energía se habrían enterado del nuevo valor prácticamente al cierre de la subasta.

Esta discusión se produce en un contexto internacional de alta volatilidad. La escalada del conflicto en Medio Oriente ha disparado los precios internacionales del GNL, obligando al Gobierno a implementar mecanismos para evitar un traslado inmediato a las tarifas residenciales. En este sentido, Economía ya definió que parte del mayor costo del gas importado será financiado transitoriamente por el Tesoro y recuperado a partir del verano mediante el esquema de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), buscando evitar saltos bruscos en las facturas de hogares, hospitales y escuelas durante los meses de mayor consumo.

Participación privada y desafíos de la transición

A pesar de la controversia, la subasta registró una significativa participación privada. Grandes industrias, incluyendo siderúrgicas, aceiteras, petroquímicas y refinerías, adquirieron parte de los volúmenes ofrecidos. Generadoras eléctricas como Pampa Energía, Central Puerto e YPF Luz también participaron activamente para asegurar el abastecimiento de sus centrales térmicas.

Trafigura, una de las principales traders globales de commodities, adquirió el equivalente a cinco cargamentos de GNL que habían quedado remanentes. Esta operación fue clave, ya que modificó el esquema original que preveía una mayor absorción de esos volúmenes por parte de Cammesa para la generación eléctrica.

El episodio deja una preocupación latente entre los grandes consumidores industriales, quienes advierten que los cambios de costos sobre la marcha dificultan la planificación del abastecimiento y pueden afectar sus márgenes en plena temporada alta de exportaciones. Desde el Gobierno, se mantiene el objetivo de avanzar hacia un esquema con mayor participación privada en la compra y comercialización de gas importado, aunque reconocen que la transición genera tensiones, superposiciones regulatorias y problemas de coordinación en un sector que durante décadas operó bajo una fuerte intervención estatal.