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El Gobierno acelera el “Súper RIGI” para reanimar la economía

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El Gobierno de Javier Milei intensifica su agenda económica en el Congreso con el objetivo de reanimar la actividad y atraer inversiones extranjeras. La prioridad es la inminente presentación del denominado “Súper RIGI”, una versión ampliada y mejorada del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que busca inyectar dólares y generar empleo a través de beneficios extraordinarios para empresas de gran porte.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciaron hace diez días este nuevo esquema, que promete acelerar la llegada de capitales. Fuentes del equipo económico confirmaron que el proyecto se enviará al Parlamento “en los próximos días”, mientras el Gobierno busca contener los efectos recesivos de su plan de ajuste.

Paralelamente, el oficialismo también impulsa la continuidad del “déficit cero” mediante el recorte de subsidios al gas y la eliminación de unas 70 regulaciones, una iniciativa conocida como la “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger.

El “Súper RIGI”: ampliación y nuevos beneficios

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) original, ya aprobado para 14 proyectos, contempla inversiones de entre 200 y 600 millones de dólares en sectores como energía, minería, hidrocarburos, infraestructura y tecnología. Otorga hasta 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, una tasa del Impuesto a las Ganancias corporativas del 25%, amortización acelerada, devolución de IVA, cero retenciones y libre giro de dividendos y pagos de deuda.

El “Súper RIGI” busca ir más allá, ampliando las ventajas a proyectos de alta tecnología con mayores incentivos para industrializar recursos naturales. Esto incluye la producción de baterías de litio, fabricación de autos eléctricos, refinación y laminado de cobre, paneles solares y turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio, producción industrial pesquera, fertilizantes y datacenters.

Los beneficios más agresivos de esta nueva versión incluyen:

  • Una reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias al 15%.
  • Una amortización acelerada más favorable (60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero).
  • La eliminación completa de aranceles a importaciones de bienes de capital.
  • La exención de retenciones a la exportación.
  • Límites a provincias y municipios para cobrar impuestos, como Ingresos Brutos.

El equipo de Caputo evalúa flexibilizar los criterios de elegibilidad, buscando un enfoque “horizontal” que incorpore condiciones como objetivos de inversión y empleo, y sume otros sectores siempre que fabriquen un producto que no se elabore actualmente en el país. Esta estrategia apunta a aplacar los reclamos de diversos sectores.

Debates y expectativas en torno a la iniciativa

La propuesta generó un fuerte lobby empresario y ya despertó el interés de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que manifestó sus “oportunidades del RIGI” a Caputo en una reunión reciente. En la discusión interna intervienen figuras como María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica, y el equipo de Liban Kussa, abogado del estudio Bruchou & Funes de Rioja, quien asesoró al ministro Caputo en temas como el blanqueo y el RIGI.

El comité evaluador del RIGI, integrado por funcionarios como Daniel González (secretario coordinador de Energía), Pablo Lavigne (secretario de Producción) y el canciller Pablo Quirno, se reunió recientemente para ultimar detalles, aunque aún quedan aspectos por resolver, como el piso mínimo de inversión para acceder a los beneficios extraordinarios.

Desde la oposición, se cuestionan las ventajas otorgadas por funcionarios de turno, el subsidio a ciertos sectores en detrimento de otros y el usufructo de “lobbies” empresariales, así como los beneficios a proyectos que ya estaban en marcha. En contraste, el titular de la UIA, Martín Rappallini, solicitó un “RIGI ya” para la industria, y tiene previsto reunirse con Caputo.

La calificadora Moody’s considera que el nuevo esquema podría superar la “concentración” en proyectos extractivos y de infraestructura pesada. Actualmente, de los 27.000 millones de dólares aprobados en 8 provincias, el 66% se concentra en Río Negro, con 18.000 millones de dólares en el proyecto de GNL en el Golfo San Matías, liderado por YPF, PAE, Pampa Energía y Golar.

No obstante, persisten dudas sobre la capacidad de Argentina para atraer estas inversiones. Según Moody’s, “la elevada inflación, la volatilidad cambiaria y la débil credibilidad de las políticas públicas limitan los costos de financiamiento y el apetito inversor”. La agencia advierte que “incluso los proyectos con sólidas protecciones legales están expuestos a riesgos sistémicos en escenarios de estrés”.

Otras iniciativas legislativas

El oficialismo solicitó una sesión especial para el miércoles a las 10 de la mañana en el Congreso, donde se tratará una docena de proyectos. Entre ellos, además de la mencionada “Ley Hojarasca” para eliminar regulaciones, se incluye la reducción del régimen de zona fría, que actualmente beneficia a más de 4 millones de hogares con descuentos en la tarifa de gas.

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