Procesan a un “asesor financiero” por administración fraudulenta y embargan sus bienes

Juan Gotelli, quien se presentaba como un «asesor financiero calificado» y ofrecía inversiones con una prometedora rentabilidad del 10% mensual en diversos instrumentos como fideicomisos, arbitraje de divisas y criptoactivos, fue procesado sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta. La Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y dictó un embargo sobre sus bienes por la suma de 162 millones de pesos.

La decisión de primera instancia, firmada por el juez Martín Yadarola, fue ratificada por los magistrados Rodolfo Pociello Argerich e Ignacio Rodríguez Varela, de la Sala V de la Cámara del Crimen. Los jueces consideraron que la resolución original «resulta ajustada a derecho y merece ser convalidada», desestimando la apelación presentada por la defensa de Gotelli, a cargo del abogado Matías Garcete Suárez.

Engaño y la construcción de confianza

Según el tribunal, Gotelli construyó un escenario de confianza ante sus víctimas, presentándose como un experto financiero con «antecedentes laborales y contactos empresariales y políticos», incluso mencionando los cargos de integrantes de su núcleo familiar, como su padre, el empresario textil Guillermo Gotelli, exdirectivo de Alpargatas y excandidato a presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La investigación se inició a partir de la denuncia de dos hermanos que afirmaron haber entregado a Gotelli 55.000 dólares entre enero y diciembre de 2022 para realizar inversiones. El juez Yadarola detalló en su resolución que Gotelli «habría montado un escenario que captó la confianza de las víctimas, simulando trayectoria, conocimiento financiero calificado, acceso a circuitos de inversión exclusivos». Incluso, se menciona que el imputado habría realizado entregas de dinero bajo el pretexto de tratarse de los intereses prometidos, con el fin de que las víctimas invirtieran más capital.

El encausado habría montado un escenario que captó la confianza de las víctimas, simulando trayectoria, conocimiento financiero calificado, acceso a circuitos de inversión exclusivos producto de su experticia e, incluso, haciendo entregas de dinero so pretexto de tratarse del interés prometido, cuando en realidad todo conformó un escenario para lograr que las víctimas entregaran más sumas de dinero. Así fue como Gotelli recibió 55.000 dólares, siempre bajo la promesa de que tuvieran por destino operaciones financieras como ser arbitraje de monedas, criptomonedas y la asistencia a empresas dedicadas al comercio exterior frente a la falta de acceso al dólar, con un rendimiento prometido del diez por ciento. Fue a partir de febrero de 2023 que, ante los reclamos de los damnificados para retirar las inversiones, el encausado comenzó a decirles excusas y a evadirlos para finalmente retener tanto las inversiones como los intereses prometidos.

La defensa de Gotelli y la postura judicial

En su indagatoria, Gotelli presentó un escrito donde sostuvo que nunca garantizó rendimientos fijos, sino que el 10% mensual era una meta referencial sujeta a la evolución del mercado. Argumentó que, «como es propio de toda inversión, los rendimientos son variables y jamás se aseguró una ganancia fija en dólares». También atribuyó las dificultades para cumplir con los plazos de las transacciones a la «contexto financiero que atravesaba el país» a mediados de 2023, lo que, según él, afectó la performance de las inversiones y tensó la relación con sus clientes.

Sin embargo, el juez Yadarola fue contundente al afirmar: «Con respecto al escenario montado por el imputado, se advierte que la confianza fue generada producto de un engaño suficientemente idóneo para hacer incurrir en error a las víctimas». Esta postura fue la que prevaleció y llevó a la confirmación del procesamiento.

El abogado Bautista Álvarez Ferrer, representante de los querellantes, destacó el trabajo del juzgado, calificándolo de «muy serio, ecuánime, prudente y eficaz». Por su parte, fuentes cercanas a Gotelli y su defensa indicaron que no realizarían declaraciones públicas, concentrados en la estrategia procesal.