Más allá del presupuesto: la universidad argentina frente a un «diseño obsoleto»

La reciente cuarta marcha en reclamo por mayor presupuesto y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario dejó una sensación agridulce. Si bien visibilizó la preocupación por el sostenimiento de la educación superior, para expertos como Marcelo Rabossi, Doctor en Educación y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, el sistema universitario argentino no solo está perdiendo la batalla presupuestaria, sino también la oportunidad de encarar una reforma profunda. La clave, según Rabossi, reside en un diálogo adulto entre universidad y gobierno para repensar un modelo que hoy se encuentra atrapado en una inercia que compromete su calidad, equidad y proyección científica.

El especialista sostiene que la problemática excede la cuestión monetaria. Se trata de un diseño institucional obsoleto, con incentivos inadecuados, una gobernanza que no promueve la eficiencia y la ausencia de mecanismos que vinculen el financiamiento con resultados concretos. Este diagnóstico pone en tela de juicio el modelo actual, instando a una revisión integral que vaya más allá de la mera asignación de fondos.

Ingreso irrestricto y fragilidad formativa: un modelo que expulsa

Uno de los puntos críticos señalados por Rabossi es el ingreso irrestricto, que, paradójicamente, funciona como un mecanismo de selección por abandono. Más del 40% de los estudiantes no logra superar el primer año de cursada, y la graduación efectiva se sitúa por debajo del 30%. Esta situación se agrava por la fragilidad formativa con la que los jóvenes llegan a la universidad: más del 70% no alcanza niveles satisfactorios en matemática y cerca del 50% tiene dificultades en lengua. En este contexto, el ingreso libre se convierte en una ilusión que dura menos de un año para una gran parte de los alumnos.

Rabossi compara la situación actual con el momento en que se estableció la gratuidad en 1949, cuando había menos de 5 estudiantes universitarios por cada 1.000 habitantes. Hoy, con 45 estudiantes por cada 1.000, el modelo académico sigue siendo el mismo, diseñado para una población y tecnologías de mediados del siglo XX. Esta falta de adaptación genera una presión desmedida sobre las universidades públicas.

El rol del sector privado y terciario: complementariedad ausente

El debate sobre el sistema universitario argentino a menudo evita discutir el rol del sector privado y el terciario no universitario. Rabossi destaca que, en países como Chile y Brasil, más del 70% de la matrícula es privada, absorbiendo gran parte de la demanda y liberando fondos para que las universidades públicas inviertan en investigación y formación de capital humano. En Argentina, el sector privado apenas alcanza el 20% de la matrícula, lo que hace que el financiamiento se comporte de manera procíclica e insostenible. Mientras Chile invierte cerca del 2% de su PIB en educación superior y Brasil se acerca al 1.4%, Argentina, sumando ambos sectores, apenas llega al 0.7%.

En cuanto al nivel terciario, Argentina no ha logrado desarrollar un modelo de calidad y articulado con la universidad. Este sector, compuesto por institutos técnicos y tecnológicos, podría descomprimir la demanda universitaria y ofrecer inserción laboral rápida. Sin embargo, la universidad termina absorbiendo una demanda para la cual no fue diseñada, lo que encontraría una mejor respuesta en estos institutos, como ocurre en países con terciarios robustos que logran sistemas universitarios más sostenibles y eficientes.

Baja inversión en ciencia y docentes de baja dedicación

Otra brecha preocupante es la inversión en ciencia y tecnología. Las universidades nacionales destinan solo entre el 5% y el 7% de su presupuesto al desarrollo de nuevos conocimientos, mientras que más del 90% se consume en salarios. Esta cifra contrasta con la de universidades en Brasil (UNICAMP y USP destinan entre 15% y 20%) y Chile (estatales invierten entre 12% y 15%). La literatura académica subraya que la inversión sostenida y una masa crítica de investigadores a tiempo completo son cruciales para producir ciencia competitiva.

A esto se suma la bajísima proporción de docentes con dedicación exclusiva en la universidad pública argentina, apenas alrededor del 10% de los cargos. Los sistemas con predominio de docentes de baja dedicación producen menos investigación y de menor impacto, y ofrecen menor continuidad pedagógica y tutorías débiles, lo que deteriora la calidad institucional. En un país donde los estudiantes llegan con fragilidad formativa, mantener un sistema docente basado en una amplia mayoría de dedicaciones simples es, para Rabossi, renunciar a cualquier aspiración de calidad pedagógica y de investigación.

“Hoy, la discusión pública se centra en el monto del presupuesto, pero evita la pregunta central: ¿qué modelo de universidad queremos sostener? Sin reformas en el ingreso, regularidad, carrera docente, gobernanza, incentivos a la investigación, vinculación productiva, un terciario fuerte y un sector privado integrado, el aumento presupuestario -aún si se cumple la ley- no cambiará en demasía los resultados actuales.”

Rabossi concluye que Argentina no debe elegir entre defender la universidad pública o reformarla, sino que debe hacer ambas cosas al mismo tiempo. Las marchas expresan un reclamo legítimo, pero sin una agenda de transformación profunda que involucre al gobierno y a las universidades en una conversación seria, el país seguirá perdiendo la batalla del desarrollo.