Fuerte rechazo a recortes educativos: «Un acto de destrucción de la sociedad»
Los recientes recortes en educación, oficializados por el Gobierno nacional horas antes de la cuarta marcha federal universitaria, son interpretados como una
«provocación innecesaria»
por parte de rectores, dirigentes sindicales y especialistas. La medida, que implica un ajuste de $78.711 millones, profundiza una crisis que, según denuncian, es una de las más severas desde el regreso de la democracia.
El achique presupuestario afecta directamente a programas clave como el Plan Nacional de Alfabetización, el Fondo de Compensación Salarial Docente y las transferencias para infraestructura en universidades nacionales. Estas decisiones se suman a un escenario ya crítico por el deterioro salarial, la paralización de obras y la reducción de becas estudiantiles.
Impacto en la educación básica y superior
La decisión administrativa, publicada en el Boletín Oficial, detalla una reducción de $35.288.051.713 en el Plan Nacional de Alfabetización, que mayoritariamente se destinaba a transferencias a las provincias. El Fondo de Compensación Salarial Docente también fue eliminado, implicando una quita de $8.929.835.294, fondos esenciales para equiparar los ingresos de docentes provinciales al salario mínimo.
Para las universidades, el recorte asciende a $5.303.000.000 en infraestructura. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), calificó la medida como una «provocación innecesaria» y llamó al Gobierno a un diálogo urgente con las autoridades universitarias y gremios.
Cecilia Veleda, doctora en sociología de la educación y referente de Argentinos por la Educación, advirtió que el ajuste en el Plan de Alfabetización es «fulminante para la educación básica». Destacó que, si bien este plan era uno de los ejes de la gestión del secretario de Educación, Carlos Torrendell, su recorte atentará contra la mejora de capacidades esenciales en lectoescritura y matemática, especialmente en estudiantes de sectores vulnerables.
La pedagoga Guillermina Tiramonti fue más allá, afirmando que «el solo recorte sin un plan urgente que ponga al sistema en condiciones de producir los recursos humanos que requiere la sociedad en la que vivimos, es
un acto de destrucción de la sociedad
«.
Desfinanciamiento integral y judicialización
El economista y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, denunció que el Gobierno profundiza una política deliberada de desfinanciamiento. «El de ayer es un recorte, entre otras cosas, sobre créditos externos que estaban asignados específicamente para obras de infraestructura en las universidades», explicó Pinazo, quien alertó sobre la ejecución del 0% en partidas de infraestructura universitaria para 2024 y 2025.
Pinazo también detalló el deterioro en otras áreas: los trabajadores universitarios han perdido casi ocho salarios en 28 meses, los gastos de funcionamiento equivalen a nueve meses de cuota perdidos, y el poder adquisitivo de las partidas de ciencia y técnica para 2025 será un tercio del de 2023.
En cuanto a las becas estudiantiles, Pinazo afirmó que las Becas Progresar se redujeron un 82% en términos nominales entre 2025 y 2026, y la extensión universitaria tuvo un poder adquisitivo del 1% en relación a 2023. «Esto pone en evidencia muchas de las mentiras del gobierno nacional», señaló, desmintiendo la idea de que no hay intento de desfinanciar la educación pública.
Sergio Romero, presidente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), describió un escenario de «salarios de pobreza» y advirtió que los recortes «no solamente tienen un fuerte impacto negativo en universidades, sino también en los otros niveles y modalidades del sistema educativo».
El exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, calificó el recorte como «una chicana infame a la comunidad universitaria» y advirtió que «deja a las claras que este gobierno viene a destruir la educación pública en general».
El abogado constitucionalista Pablo Manili, patrocinante de la demanda presentada por 59 universidades nacionales y el CIN contra el Poder Ejecutivo, destacó que «es la primera vez en la historia argentina que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley». Manili recordó que, a pesar de una medida cautelar que ordenaba actualizar las partidas, el Gobierno apeló y llevó el caso a la Corte Suprema, evidenciando un incumplimiento reiterado de la ley de financiamiento universitario.
