Crímenes de lesa humanidad en El Salvador: la preocupante alerta internacional
Organismos internacionales alertan sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador, un país que desde marzo de 2022 vive bajo un régimen de excepción que ya fue prorrogado en 49 ocasiones. La preocupación se profundiza con la reciente aprobación de una reforma que establece la cadena perpetua para menores desde los 12 años, evidenciando un endurecimiento penal que, según expertos, se entrelaza con un deterioro institucional y la falta de controles sobre el poder.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES), con el respaldo de organizaciones como InterJust, publicó un informe contundente: existe una «base razonable para creer» que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Este estándar es el mismo que utiliza la Corte Penal Internacional para determinar si corresponde abrir una investigación formal, como sucedió en el caso de Venezuela.
El informe subraya que esta situación exige una investigación exhaustiva. Más de 89.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, generando serias dudas sobre el respeto a las garantías básicas de debido proceso. Incluso el propio presidente salvadoreño reconoció que al menos 8.000 de esos detenidos eran inocentes. El GIPES documenta 403 muertes bajo custodia estatal, incluyendo niños, y al menos 540 desapariciones forzadas.
Además, el informe detalla casos de tortura, tratos crueles y patrones de detención arbitraria, dirigidos tanto contra presuntos miembros de pandillas como contra opositores percibidos. Estos hechos son analizados como parte de dos ataques distintos, aunque interconectados, que encuadrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
«No conozco ninguna organización de derechos humanos que cuestione la necesidad y obligación de los Estados de implementar políticas de seguridad. El planteo se centra en otra dimensión y es analizar si, bajo la cobertura del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.»
La respuesta oficial a la publicación del informe no se ha centrado en rebatir sus conclusiones jurídicas, sino en desacreditar a las organizaciones y personas que lo respaldan. Esta estrategia busca diluir la discusión sobre la pregunta central: ¿se cumplen los elementos del tipo penal de crimen de lesa humanidad en El Salvador?
La “arquitectura punitiva” y sus consecuencias
La reforma que introduce la cadena perpetua para niños desde los 12 años, si bien no cambia por sí sola la calificación jurídica de los hechos, sí refuerza la preocupación por una «arquitectura punitiva» que, lejos de ser una respuesta temporal a una emergencia, se consolida, endurece y normaliza en el país. El derecho internacional exige a los Estados proteger a la población de la criminalidad, pero prohíbe hacerlo a través de detenciones arbitrarias masivas, tortura, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia o la destrucción de las garantías judiciales.
Cuando estos patrones se repiten, la discusión trasciende la política criminal y se convierte en una cuestión de derecho internacional penal, con consecuencias concretas. Un ejemplo es el caso de Ruth López, abogada y defensora de derechos humanos, detenida en mayo de 2025 y declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. La organización para la que trabajaba, Cristosal, tuvo que empezar a operar desde el exilio. Estos son solo algunos ejemplos de miles de casos de personas detenidas arbitrariamente, torturadas, y de madres y padres que desconocen el paradero de sus hijos.
Jurisdicción universal: una herramienta vital
Ante la falta de capacidad o voluntad de los sistemas internos para investigar, el derecho internacional ofrece la jurisdicción universal. Esta herramienta permite a jueces de otros países investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos, sin importar dónde se hayan cometido. InterJust ha activado esta jurisdicción en distintas naciones frente a situaciones similares, como en Ucrania o Venezuela.
El informe del GIPES es crucial porque pone en la agenda pública un análisis jurídico objetivo. Lo que está en juego en El Salvador no es solo la proporcionalidad de una reforma penal, sino la disposición de la comunidad internacional a tomar en serio una conclusión jurídicamente relevante: que existe una base razonable para creer que, en nombre de la seguridad, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es fundamental prestar atención a lo que ocurre en El Salvador, ya que el problema no es solo la excepción, sino las graves consecuencias cuando esta se convierte en la regla.
