Cristina Kirchner: la Justicia la intimó por violar la prisión domiciliaria y la amenaza con la cárcel
El Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión intimó a la expresidenta por incumplir las condiciones de su prisión domiciliaria en el edificio de San José 1111. La advertencia se produce a raíz de una bandera de grandes dimensiones desplegada el pasado fin de semana entre su balcón y un edificio vecino durante una manifestación de apoyo. El juez Rodrigo Giménez Uriburu señaló que de reiterarse este tipo de conductas, la exmandataria podría enfrentar la revocación de su arresto domiciliario y ser trasladada a una cárcel.
La resolución del magistrado, a cargo de la ejecución de la pena, subraya que la expresidenta se abstenga “de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión”. En caso de nuevos incumplimientos, se aplicará el apercibimiento de ley, en referencia al artículo 34 de la Ley 24.660.
Dicho artículo establece que el juez “revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida”. Este marco legal es el que ahora se aplica a la situación de Cristina Kirchner.
La manifestación de apoyo y la participación de Mayra Mendoza
El incidente que motivó la intimación judicial ocurrió el pasado fin de semana, durante una serie de actos que conmemoraron el primer año de la condena de Cristina Kirchner. Diversos intendentes del conurbano bonaerense han organizado movilizaciones en apoyo a la expresidenta frente a su domicilio. En esta ocasión, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, congregó a militantes que extendieron una bandera con la leyenda “De San José 1111 a la Rosada” entre el balcón del departamento de Kirchner y un edificio ubicado en la vereda de enfrente. La exmandataria saludó desde su balcón, correspondiendo a la muestra de apoyo.
El juez Giménez Uriburu destacó en su escrito de cinco páginas que, si bien en el pasado hubo manifestaciones periódicas que no implicaban una violación de las condiciones de la prisión domiciliaria, el episodio del domingo pasado presenta características diferentes. El magistrado enfatizó que la expresidenta “participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción”. Esta “intervención directa” marca una diferencia cualitativa respecto a concentraciones anteriores.
Riesgos y contravenciones señaladas por la Justicia
El juez fundamentó la reprobación de la conducta de Cristina Kirchner en tres puntos principales. En primer lugar, señaló un “ostensible riesgo para la integridad física” de la exmandataria y de los transeúntes, conductores y peatones, al exponerlos “a un peligro innecesario” por la instalación de la estructura de cables tensores.
En segundo lugar, mencionó que la instalación de pasacalles, pancartas o banderas de grandes dimensiones con cables de alta resistencia requiere autorización municipal. El magistrado advirtió que “la realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención”, lo que agrava la situación de la expresidenta.
Finalmente, el juez argumentó que el despliegue de la bandera “perturba objetiva e indefectiblemente la tranquilidad del vecindario y altera la convivencia pacífica de sus habitantes, afectando de manera directa la condición de conducta cuya observancia fue expresamente impuesta a la condenada”. La suma de estos factores llevó al tribunal a considerar que la conducta del 14 de junio no es compatible con las obligaciones asumidas bajo la prisión domiciliaria, comprometiendo los fundamentos mismos de la medida y haciendo imperativa la intervención judicial.
