Crisis judicial: la confianza ciudadana en la Justicia argentina cae a su nivel más bajo

La polarización política que atraviesa a la Argentina parece desvanecerse cuando el foco se posa sobre la Justicia. En un punto de coincidencia inusual, tanto votantes de Javier Milei como de Sergio Massa en el balotaje de 2023 expresan un profundo descreimiento en el sistema judicial, que registra una calificación promedio de apenas 2,5 puntos sobre 10 en una encuesta de opinión pública. Este dato, que surge de un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, subraya una crisis de legitimidad sin precedentes.

Los resultados de la investigación son contundentes y reflejan una percepción generalizada de ineficiencia e imparcialidad. El 94% de los entrevistados considera que la administración de justicia es poco o nada eficiente, con un abrumador 57% que la califica directamente como “nada eficiente”. La imparcialidad también recibe un duro revés: el 89% de la población cree que no existe, y de ese porcentaje, un 70% opina que la Justicia favorece “mucho” a los ricos y poderosos, mientras que un 19% dice que los beneficia “algo”.

Independencia en jaque y el futuro incierto

La independencia del Poder Judicial no escapa al aplazo. El 94% de los encuestados percibe a los magistrados como influenciados por el poder político y económico. La visión sobre la evolución del sistema es igualmente desalentadora: un 73,8% entiende que la Justicia empeoró en los últimos años, y un 55,8% cree que su funcionamiento será aún peor en el futuro. Apenas un magro 10% de la población alberga expectativas de algún tipo de mejora.

Otro aspecto crítico que destaca la encuesta es la percepción de un trato desigual ante la ley. Para el 77% de los consultados, la Justicia es “más blanda” con los políticos que con el ciudadano común. Solo un 1% cree en un trato equitativo, mientras que un abrumador 93% entiende que los poderosos gozan de impunidad en Argentina. Esta percepción se refuerza con ejemplos recientes que resuenan en la opinión pública, como el caso del padre de Agostina, la niña asesinada en Córdoba, quien cuestionó la liberación de un presunto asesino, o las controversias en torno a la designación de jueces y los vínculos con el poder político y mediático.

Casos resonantes y la visión de un juez

La fuente menciona escándalos recientes que alimentan este descrédito. Entre ellos, el rechazo del presidente Milei a la firma del pliego de una jueza, aprobada por el Senado, bajo la presunción de ser cuñada de un periodista crítico. Este hecho, sumado a un presunto “intercambio de nombres” para cubrir vacantes judiciales, sugiere una injerencia política en el nombramiento de magistrados.

En este contexto, la figura del juez Carlos Mahiques, recientemente avalado para continuar en su cargo a pesar de haber superado los 75 años, también emerge. Padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso sancionar a los jueces que filtren información a la prensa. Esta declaración surge luego de que el propio Mahiques padre fuera objeto de atención mediática por trascender la celebración de su cumpleaños en una propiedad atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA e investigado por la justicia.

El informe concluye que el Poder Judicial ocupa el último lugar en la evaluación de confianza entre las instituciones, con un escaso 5%, incluso por debajo de los políticos, el Congreso y la Corte Suprema. Esta falta de confianza ciudadana en sus jueces no es un mero dato estadístico; implica un riesgo latente para el Estado de Derecho, aumentando la propensión a la violación de la ley, la justicia por mano propia y la corrupción. La seguridad jurídica, vital para la inversión y el desarrollo, se ve comprometida, lo que, en última instancia, debilita la democracia y abre las puertas al autoritarismo, como advirtió el escritor español Francisco de Quevedo:

“Donde hay poca justicia, es peligroso tener razón”.