Causa Cuadernos: exinspectores de la AFIP revelaron cómo Roggio y Wagner ocultaban el rastro de las coimas
En una nueva jornada del juicio oral por la causa Cuadernos, exinspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA) revelaron ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) los complejos mecanismos financieros utilizados por los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner para canalizar dinero en efectivo y borrar los rastros de los presuntos retornos a exfuncionarios kirchneristas entre 2003 y 2015.
Los testimonios expuestos ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli complican la situación de los constructores, quienes declararon previamente como imputados colaboradores. El fiscal auxiliar, Nicolás Codromaz, busca probar que las empresas no fueron víctimas de extorsión, sino beneficiarias directas de un sistema de cartelización de la obra pública que les garantizaba millonarios contratos y retornos patrimoniales.
El «goteo» de efectivo en el Grupo Roggio
El primer testimonio clave de la audiencia fue el de Enrique Bejarano, administrador tributario de la actual ARCA, quien estuvo a cargo de fiscalizar al holding de Roggio tras una orden judicial emitida en 2018. El objetivo era verificar la existencia de «movimientos financieros espurios» a partir de un listado de empresas y personas aportado originalmente por el financista Ernesto Clarens.
Bejarano detalló una operatoria recurrente y sospechosa en las cuentas de la firma: el retiro constante de dinero en efectivo por ventanilla mediante cheques. «Eran cheques consecutivos, en un mismo día y siempre con el mismo cajero. Operaban con el Banco Macro», describió el testigo. Al cruzar estas extracciones con la contabilidad interna de la empresa, los inspectores descubrieron que los montos asentados en la caja eran muy inferiores a lo extraído de las cuentas bancarias.
Ante las preguntas de la fiscalía sobre el destino final de esos fondos, el exinspector fue categórico al señalar que una vez que el dinero físico salía de la entidad bancaria, «se pierde la trazabilidad». Esta maniobra, repetida de forma consecutiva durante al menos seis meses, es señalada por los investigadores como la vía para generar el «dinero negro» destinado al pago de coimas.
En su declaración previa como arrepentido, Roggio había intentado justificar su accionar bajo la presión del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner:
Desde mi función como presidente de BRH siempre obré con cautela y prudencia frente a una gestión de gobierno de neto corte autoritario (que además nunca consideró debidamente a la empresa pese a su trayectoria y antecedentes) obviando asumir riesgos empresarios que pudieran comprometer la normal actividad de la compañía
Facturas apócrifas y millones de dólares en el esquema de Wagner
Por su parte, el contador y exintegrante del organismo recaudador Federico Sarciat expuso las irregularidades detectadas en ESUCO, la constructora de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Wagner es señalado por la Justicia como el «cerebro» encargado de coordinar y cartelizar la obra pública vial, decidiendo qué empresas ganarían las licitaciones y cuáles serían los montos de los retornos ilegales.
Sarciat detalló que la fiscalización sobre el holding de Wagner arrojó la utilización de «créditos fiscales dudosos, no confiables» y operaciones sistemáticas con proveedores apócrifos. Según explicó el especialista, este tipo de maniobras contables se utilizaban para justificar salidas de dinero cuyo destinatario o beneficiario final quedaba oculto.
La investigación también apuntó contra Decavial, otra de las firmas vinculadas a Wagner. Según testimonios de audiencias previas repasados en el juicio, esta empresa realizó extracciones en dólares por un total de 11,8 millones de dólares a lo largo de cuatro años. Los peritos lograron «aparear» temporalmente estas millonarias extracciones con los registros de entrega de fondos que detalló el financista Clarens en sus planillas.
La causa principal, en la que la expresidenta Cristina Kirchner está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita, sostiene que el esquema de cartelización de la obra pública vial movilizó más de 30 millones de dólares en coimas, con un beneficio para las empresas de 355 contratos viales adjudicados por un valor superior a los 37.000 millones de pesos.
