Rulo financiero: el juez Lijo busca concentrar todas las causas y le pidió un expediente clave a Capuchetti
En plena efervescencia mundialista, el juez federal Ariel Lijo le solicitó formalmente a su colega María Eugenia Capuchetti que le ceda una de las tres causas principales vinculadas al denominado “rulo financiero”. Se trata de una compleja maniobra de acceso a divisas al tipo de cambio oficial que mantiene bajo la lupa a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, y en la cual Lijo ya logró unificar otros dos expedientes tras una reciente resolución de la Cámara Federal.
La maniobra millonaria de las casas de cambio
La causa que actualmente se encuentra en el juzgado de Capuchetti se inició en 2021 a partir de una denuncia presentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) contra la agencia de cambios Marvic SA. La acusación apunta a una maniobra coordinada para acceder al mercado de cambios oficial, cuyas operaciones de compra alcanzaron un equivalente a US$14.601.600 en el período comprendido entre el 15 de junio y el 27 de septiembre de 2021. Posteriormente, la investigación se amplió a otras firmas del sector.
El expediente estuvo delegado durante cuatro años en la fiscalía de Eduardo Taiano y se reactivó con fuerza a fines del año pasado, cuando la jueza retomó la instrucción y ordenó una batería de medidas de prueba. En diciembre se produjo un escenario inédito en los tribunales de Comodoro Py: tres jueces ordenaron allanamientos casi de manera simultánea. En esos procedimientos intervinieron Sebastián Casanello (luego reemplazado por Lijo), María Romilda Servini y la propia Capuchetti.
La unificación de los expedientes y la sombra del SIRA
La causa que finalmente quedó bajo la órbita de Lijo expandió su objeto de investigación hacia el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Este avance clave se originó a partir del peritaje del teléfono celular de Martín Migueles, exsocio y allegado a Elías Piccirillo.
A medida que el avance de la causa comenzaba a generar inquietud en exfuncionarios de las gestiones de Alberto Fernández y Sergio Massa, Lijo reclamó el expediente que tramitaba Servini. Ante la negativa de la magistrada, intervino la Cámara Federal. El camarista Roberto Boico respaldó el planteo de Lijo al argumentar que existe una «dependencia funcional y operativa» entre los sujetos investigados en ambas causas, con nombres y firmas en común como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA y Banco Más Ventas, además de advertir sobre el riesgo de realizar allanamientos múltiples sobre las mismas oficinas.
Bajo estos mismos argumentos técnicos, Lijo formalizó ahora su pedido de inhibición a Capuchetti para centralizar la totalidad de la pesquisa:
“Del cotejo del objeto procesal de ambas investigaciones surge la intervención de un conjunto de personas físicas y jurídicas que se encontrarían íntimamente relacionadas y asociadas a una misma operatoria presuntamente destinada a adquirir moneda extranjera al tipo de cambio oficial para luego canalizarla hacia el mercado paralelo”
En su presentación, Lijo remarcó que en la causa de Capuchetti se encuentra bajo investigación Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, quien también aparece mencionado en su propio expediente. En paralelo al tironeo judicial, la causa sumó tensión política tras las declaraciones públicas del financista Francisco Hauque —enfrentado con Piccirillo—, quien apuntó únicamente contra exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández, como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce, omitiendo a exmiembros del equipo de Massa, lo que generó suspicacias en los pasillos de Comodoro Py. Con esta medida, firmada en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, Lijo busca evitar la dispersión de la prueba y consolidar un único expediente sobre el millonario fraude financiero.
