Patentes medicinales: el Gobierno aceptó cambios clave para avanzar con un polémico tratado
El debate por la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) reabrió una histórica grieta en la industria farmacéutica y obligó al Gobierno nacional a recalcular su estrategia legislativa. Para destrabar el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, actualmente congelado en el recinto, el oficialismo aceptó incorporar una reserva clave exigida por los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa). La concesión generó fuertes cruces con las multinacionales extranjeras agrupadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) y acusaciones de la oposición por ceder ante el lobby corporativo.
La reserva del Capítulo II: la estrategia para destrabar el acuerdo
La controversia se centra en la incorporación de la Argentina al principal sistema internacional de patentes, un compromiso asumido con Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI). El tratado, redactado originalmente en Washington en 1970 y con media sanción del Senado argentino desde 1998, contiene tres cláusulas de fuerte impacto: extiende de 12 a 30 meses el plazo para proteger invenciones en el exterior, permite una solicitud única ante los 158 Estados miembros y establece un examen preliminar internacional no vinculante.
Sin embargo, ante la resistencia de los laboratorios nacionales, el oficialismo aceptó incluir una reserva sobre el Capítulo II durante el plenario de comisiones del pasado 12 de mayo. Este apartado habilitaba al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar informes técnicos extranjeros para evaluar las solicitudes de registro. Con la reserva aprobada en el dictamen, este capítulo quedaría suspendido y requeriría una nueva aprobación del Congreso para entrar en vigencia.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, admitió la negociación política detrás de esta modificación:
“Incorporamos la reserva sobre el Capítulo II porque había una resistencia de la industria farmacéutica local. No cambia mucho adherir sin ese capítulo y aceptamos el reclamo de Cilfa con el objetivo de conseguir la aprobación del PCT.”
La grieta farmacéutica: precios, monopolios y «evergreening»
Los laboratorios nacionales argumentan que la adhesión plena al PCT facilitaría la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país, lo que derivaría en un aumento en el precio de los medicamentos. Según Cilfa, la falta de controles locales rigurosos fomentaría el evergreening, una práctica por la cual las multinacionales extienden la vigencia de sus monopolios mediante modificaciones menores de productos existentes, como transformar un jarabe en un inyectable.
Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa, defendió la reserva técnica al señalar que la medida beneficia de forma directa a los usuarios del sistema de salud:
“Se asegura la competencia y mitigan los riesgos de conceder patentes sin altura inventiva, novedad y aplicación industrial, asegurando el acceso de la población a los medicamentos.”
Por el contrario, desde Caeme rechazaron que las patentes se otorguen de forma automática o discrecional. La cámara de laboratorios extranjeros remarcó que el INPI conserva la potestad absoluta de evaluar cada caso según las leyes nacionales. Para la entidad, el PCT no obliga a aprobar patentes, sino que simplifica la burocracia, reduce costos para inventores locales y ofrece previsibilidad para la inversión en ciencia y tecnología.
La polémica por la «copia» de medicamentos
Detrás de la discusión técnica subyace un modelo de negocios histórico en el mercado local. Según explicó Cacace, el principal temor de los laboratorios nacionales es que el INPI, que acumula más de 4.000 solicitudes pendientes, valide automáticamente las patentes extranjeras, impidiendo que la industria local fabrique versiones genéricas o biosimilares.
En sintonía con el funcionario, el abogado especialista en propiedad intelectual Jorge Otamendi señaló que los laboratorios locales suelen reproducir medicamentos exitosos que no fueron patentados en el país debido a que las firmas extranjeras pierden el plazo de 12 meses vigente por fuera del tratado. Al extenderse ese plazo a 30 meses con el PCT, aumentaría el interés de las multinacionales por registrar sus productos en la Argentina, limitando la capacidad de copia de la industria nacional.
Ante estas afirmaciones, Franciosi calificó las acusaciones de copia como “absolutamente falsas” y ratificó que la postura de su cámara busca defender la competencia y el empleo nacional frente a prácticas monopólicas.
Acusaciones de lobby y el escenario en el Congreso
La decisión de ceder ante las exigencias de Cilfa despertó duras críticas en el arco político. El diputado Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica, presentó un dictamen de minoría para adherir al tratado sin ningún tipo de reservas y acusó al Ejecutivo de ceder ante las presiones corporativas de las farmacéuticas locales:
“La reserva del Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) tiene ganadores con nombre y apellido. El Gobierno terminó obedeciendo al lobby corporativo de las farmacéuticas.”
Por su parte, el peronismo mantuvo su rechazo histórico e integral al tratado, alineándose con la postura de la industria nacional bajo el argumento de proteger la soberanía sanitaria y el bolsillo de los consumidores. Con este escenario de fragmentación, si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto con las modificaciones introducidas, el texto deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.
