Seguridad rural: la Coalición Cívica busca prohibir la caza en campos privados bonaerenses
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de ley que busca prohibir de manera expresa y definitiva la caza de animales silvestres en predios privados sin autorización de sus dueños. Presentada por los diputados de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Andrés De Leo, la iniciativa responde a los crecientes reclamos de los productores agropecuarios frente a la intrusión de cuadrillas de cazadores furtivos y propone crear la figura de «contravención grave contra la seguridad rural», con un severo régimen de sanciones que incluye multas millonarias, decomisos y secuestro de vehículos.
El conflicto por el ingreso no autorizado de cazadores a establecimientos rurales arrastra un largo historial de denuncias en el territorio bonaerense. Según argumentan los autores del proyecto, la normativa vigente, plasmada en el Código Rural provincial, ha quedado desactualizada e insuficiente para desalentar estas prácticas. La irrupción de grupos organizados, que suelen utilizar perros galgos y armas de fuego, no solo afecta la fauna silvestre y la propiedad privada, sino que genera situaciones de extrema tensión y peligro para las familias que habitan y trabajan en el ámbito rural.
Sanciones severas y decomiso de vehículos
De aprobarse la norma, la práctica de la caza sin aval del propietario dentro de campos privados, el transporte de jaurías o armas destinadas a la actividad, y la organización de estas cuadrillas serán tipificados bajo la nueva contravención grave. El esquema de castigos contempla multas que oscilan entre las 1.000 y las 20.000 Unidades Fijas, la inhabilitación por diez años para obtener licencias de caza, el decomiso obligatorio de los elementos utilizados y el secuestro preventivo de los vehículos empleados en la infracción.
El texto legislativo también prevé un incremento del 50% en las penas bajo circunstancias agravantes específicas: cuando la actividad se realice durante la noche, participen tres o más personas, se utilicen vehículos motorizados, se registren antecedentes, se dañe la propiedad o se afecten áreas naturales protegidas. Asimismo, para quienes violen la propiedad privada con fines de caza, las multas se endurecen drásticamente, elevándose a un rango de 5.000 a 30.000 Unidades Fijas, con inhabilitaciones de hasta quince años y la prohibición permanente en caso de reincidencia.
El destino de los perros y un registro de infractores
Uno de los puntos más sensibles del proyecto aborda el destino de los perros utilizados en las partidas de caza. La iniciativa establece el decomiso obligatorio de los animales, los cuales deberán ser sometidos a rigurosos controles veterinarios y derivados a refugios o programas de adopción responsable coordinados por la provincia. Además, la propuesta contempla la creación del Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, una base de datos clave para el seguimiento de los reincidentes y la coordinación de las fuerzas de seguridad locales.
En los fundamentos de la iniciativa, Bugallo remarcó la gravedad de la situación actual y la necesidad de dar una respuesta institucional firme:
«La presencia de grupos organizados que ingresan sin autorización a establecimientos agropecuarios genera una legítima sensación de inseguridad entre los habitantes del ámbito rural, incrementa el riesgo de enfrentamientos y provoca daños económicos y patrimoniales a los productores».
El legislador también recordó que entidades como el Foro de Seguridad Rural Argentino (Fosera) han manifestado su profunda preocupación por la reiteración de estos episodios, lo que refuerza el reclamo por herramientas legales más eficientes para el patrullaje y la prevención del delito rural.
