Dólares del colchón: el Gobierno prorroga plazos y busca blindaje legal para el Régimen Simplificado de Ganancias

El Gobierno nacional decidió prorrogar el plazo para la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, conocido popularmente como el sistema para “sacar los dólares del colchón”. Ante las dudas expresadas por contribuyentes y contadores, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, extendió el vencimiento hasta fin de julio y se comprometió a mejorar la seguridad jurídica y revisar los límites establecidos en la normativa.

La decisión surge de una reunión clave que el ministro Caputo mantuvo este jueves en el Palacio de Hacienda con los principales referentes tributarios del país. Durante el encuentro, los especialistas acercaron sugerencias para incentivar una mayor adhesión al régimen de Inocencia Fiscal. También participó Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Extensión del plazo y el compromiso de Caputo

Originalmente, los contribuyentes tenían hasta mediados de junio para presentar su Declaración Jurada correspondiente al ejercicio 2025. Sin embargo, a pocas semanas de esa fecha, el Gobierno optó por extender el plazo un mes más, brindando un margen adicional para la inscripción.

“Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal. Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen. También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio», expresó Caputo en su cuenta de X.

Hasta el momento, ARCA informó que se registraron más de 80.000 inscriptos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Este número ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos meses, pasando de 5.800 adhesiones en febrero a más de 36.000 en abril. Con la extensión del plazo, la expectativa oficial es que esta cifra continúe en ascenso.

Blindaje de la normativa y revisión de límites

Más allá de la prórroga, la reunión también se centró en cómo “blindar” la normativa para ofrecer mayor seguridad a los contribuyentes. Desde Economía tomaron nota de esta recomendación y aseguraron que trabajarán en el tema, aunque todavía resta la discusión con los equipos legales. El objetivo es avanzar en una norma jurídica que dé mayor confianza a la hora de ingresar al régimen.

Uno de los puntos en debate fue la “discrepancia significativa”, que prevé que ARCA pueda impugnar la declaración jurada si la diferencia en Ganancias es igual o superior al 15% de lo declarado, si el ajuste supera el monto previsto en el Régimen Penal Tributario, o si se detecta el uso de facturas o documentos apócrifos.

También se conversó sobre los límites de ingresos de $1.000 millones y de patrimonio de hasta $10.000 millones establecidos para ingresar al régimen. Se evaluará qué sucede en casos particulares como herencias o donaciones, buscando que estos topes no dificulten la adhesión de más contribuyentes. La preocupación de los tributaristas respecto a las multas, sin embargo, no prosperó en la discusión.

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados y uno de los tributaristas presentes, destacó la predisposición oficial: “La reunión fue muy buena, había mucha predisposición para tomar notas de los matices de algunos detalles que generaba inseguridad jurídica y desalentaban la posibilidad de que más gente entre. Se quiere buscar que más gente ingrese al régimen y que haya más seguridad. Nosotros a nuestros clientes les aconsejamos que sin lugar a dudas ingresen, soy partidario de que es bueno para la gente el Régimen de Inocencia Fiscal”.

Entre los invitados al encuentro, que contó con participación presencial y vía web, estuvieron, además de Litvin, Alejandro Rosenfeld, Sonia Becherman y Ana María Kaiser.

Beneficios del régimen: presunción de exactitud y efecto liberatorio

El régimen se basa en dos beneficios clave para el contribuyente. Por un lado, la presunción de exactitud, donde ARCA asume que la declaración jurada aceptada es correcta y suficiente. Por otro, el efecto liberatorio, que implica la cancelación del impuesto correspondiente y la imposibilidad de ARCA de reabrir o reajustar ese período, salvo que se detecte una discrepancia significativa. En la práctica, esto funciona como un “tapón fiscal”.

Según un comunicado de ARCA de finales de diciembre pasado, “la norma tiene como objetivo central realizar una ‘reparación histórica’ del ahorro de los argentinos mediante la simplificación del sistema tributario y la protección del ahorro. Asimismo, busca abandonar la tradicional presunción de culpabilidad fiscal y busca reinsertar ahorros informales en el sistema económico formal, fomentando el consumo, la inversión y el acceso al crédito de largo plazo».