San Juan le dijo que no a Vicuña: rechazan uso prioritario de línea eléctrica para el proyecto de cobre
Un importante revés enfrenta el proyecto minero Vicuña, una iniciativa de cobre valuada en 9.700 millones de dólares que ya cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El ente interprovincial encargado de la infraestructura eléctrica rechazó la solicitud del emprendimiento para obtener el uso prioritario de la línea de 500 kV, una infraestructura clave para la operación de la mina. Esta decisión plantea un desafío significativo para la viabilidad energética del proyecto en la provincia de San Juan.
La negativa del organismo provincial, si bien no es la última palabra, marca un punto de inflexión. La resolución final sobre el uso de la estratégica línea de transmisión recae en la órbita de la jurisdicción nacional, que deberá evaluar la situación y determinar si se otorga o no la prioridad solicitada por Vicuña. La línea de 500 kV es fundamental para garantizar el suministro eléctrico necesario para las operaciones de una mina de esta envergadura, que requiere una gran cantidad de energía para sus procesos extractivos y de procesamiento.
Impacto en la inversión y el RIGI
El proyecto Vicuña representa una de las mayores apuestas en el sector minero argentino, con una inversión proyectada que supera ampliamente la de muchos otros emprendimientos. La inclusión en el RIGI subraya la importancia estratégica que el gobierno nacional le ha otorgado, buscando atraer capitales y fomentar la producción de minerales críticos como el cobre. Sin embargo, la objeción provincial al uso prioritario de la infraestructura eléctrica pone en jaque la planificación energética y podría generar demoras o incluso reconfiguraciones en la estrategia del proyecto.
La discusión sobre la prioridad en el uso de la línea de 500 kV no es menor. Estas infraestructuras son compartidas y su capacidad es limitada. Otorgar prioridad a un único proyecto, por más importante que sea, puede generar tensiones con otras demandas energéticas de la región, ya sean industriales, residenciales o de otros emprendimientos productivos. La decisión final de la jurisdicción nacional deberá sopesar estas variables, buscando un equilibrio entre el impulso a las grandes inversiones y la garantía de un acceso equitativo y eficiente a la red eléctrica para todos los usuarios.
