Pergamino: productores se rearman para levantar cautelar que limita fitosanitarios hace siete años

Siete años después de que la Justicia Federal impusiera una de las restricciones más amplias del país para la aplicación de fitosanitarios en Pergamino, productores, ingenieros agrónomos, abogados y entidades rurales de la zona comenzaron a reorganizarse. Su objetivo es claro: intentar que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, deje sin efecto la medida cautelar que desde 2019 limita las pulverizaciones en un radio de 1095 metros alrededor del ejido urbano.

El renovado impulso surgió tras el reciente fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que absolvió a productores, un ingeniero agrónomo y un aplicador que llegaron a juicio por la causa de las aplicaciones de fitosanitarios en ese partido bonaerense. En contraste, el Tribunal condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que existieron deficiencias en los controles. Para el Tribunal, no quedó acreditado el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal individual a los productores, pese a considerar probados los daños denunciados por vecinos. Este pronunciamiento es el antecedente clave sobre el que el sector rural buscará apoyar un nuevo pedido para revisar la cautelar.

Para las entidades del campo, esta decisión judicial abrió un nuevo escenario para volver a discutir una cautelar que consideran excesiva y sin sustento técnico actualizado. Con ese objetivo, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Aianba) convocó una reunión en su sede de Pergamino. Participaron representantes de la Sociedad Rural local, Cedasaba (agronomías), la Sociedad de Cerealistas del Norte de Buenos Aires, productores, profesionales y abogados especializados en derecho ambiental.

Estrategia legal y cambio de ánimo

Andrés Pereyra, ingeniero agrónomo e integrante de Aianba, señaló a LA NACION que el encuentro marcó un punto de inflexión. “Fue fructífera porque hubo una convocatoria real aunque mucha gente pidió disculpas porque no pudo participar por razones laborales”, afirmó. Explicó que dos abogados especializados coincidieron en la necesidad de esperar los fundamentos de la sentencia de Rosario, que se conocerán el 10 de agosto. “Hasta el 10 de agosto, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia de Rosario, no se puede hacer mucho”, resumió Pereyra.

Una vez publicados los detalles del fallo, se podrá evaluar la estrategia legal para solicitar el levantamiento de la cautelar. Más allá de esta limitación procesal, Pereyra destacó un cambio significativo en el ánimo de los productores: “Esta debe ser la quinta reunión que convocamos y en esta se notó que hay más ganas de hacer algo, de participar”. Durante el encuentro, surgió la propuesta de conformar un espacio permanente, una suerte de observatorio o consorcio, que funcione como un ente mediador y consultor ante posibles conflictos relacionados con la aplicación de fitosanitarios.

El fallo absolutorio modificó el clima previo, aunque entre los asistentes predominó la cautela. También se planteó la necesidad de mejorar la comunicación con la sociedad, enfatizando que “las cosas se hacen bien, que los productos que aplicamos están aprobados por Senasa”. LA NACION pudo reconstruir que se analizó la posibilidad de establecer contactos políticos e institucionales de alto nivel para que el Tribunal considere la abundante prueba técnica presentada en el expediente judicial.

La cautelar y sus implicancias

La medida cautelar en cuestión fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás a comienzos de septiembre de 2019. Desde ese momento, se prohibieron las pulverizaciones terrestres dentro de un radio de 1095 metros de las zonas pobladas y se fijó una restricción de tres kilómetros para las aplicaciones aéreas.

La resolución tuvo origen en una causa iniciada por la abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, quien denunció aplicaciones de agroquímicos cerca de distintos barrios y sostuvo haber sufrido junto con su familia consecuencias sobre la salud. Meses antes, el magistrado había impuesto una restricción de 600 metros que alcanzaba únicamente a tres barrios. Posteriormente amplió la medida a todo el ejido urbano de Pergamino.

Para los productores, el reciente fallo no modifica automáticamente la situación judicial, pero sí representa una oportunidad para reabrir una discusión que lleva siete años y que, aseguran, mantiene alrededor de 6000 hectáreas con severas limitaciones productivas en el periurbano de Pergamino. Guillermo Tempone, productor de Pergamino, sostuvo que la restricción pudo haber tenido sentido en un contexto de emergencia, pero considera que hoy corresponde revisar su continuidad.

“Como ingeniero agrónomo puedo entender que en una situación de emergencia se dicte una medida que tienda a priorizar un bien superior, pero es tiempo de revisar qué ley y qué información científica avala mantener una zona de exclusión de 1095 metros después de tantos años sin resolverse el problema de fondo”, afirmó Tempone.

La comisión recientemente conformada buscará impulsar ese planteo, considerando las posibilidades que ofrecen la tecnología actual y las herramientas de control ya establecidas. Ahora, todas las miradas están puestas en agosto, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia. A partir de ese momento, los productores esperan contar con nuevos argumentos para volver a pedir que se revise una cautelar que consideran desproporcionada y sin sustento técnico actualizado.