Eduardo Sosa, repuesto como Procurador de Santa Cruz: «El kirchnerismo se creyó por encima de la Corte»
Eduardo Sosa, quien fuera desplazado de su cargo como Procurador General de Santa Cruz hace tres décadas por el entonces gobernador Néstor Kirchner, ha sido finalmente repuesto en sus funciones. Su regreso al frente del Ministerio Público Fiscal provincial se produce luego de una larga batalla judicial y con una fuerte crítica hacia la gestión de los gobiernos kirchneristas, a quienes acusa de haber ignorado sistemáticamente las decisiones del máximo tribunal del país.
La reinstalación de Sosa pone fin a un conflicto que se extendió por 30 años, marcando un precedente sobre la independencia judicial y el respeto a las instituciones. El exjefe de los fiscales, en sus primeras declaraciones tras conocerse la noticia, no dudó en expresar su visión sobre la conducta de los gobiernos que se sucedieron en la provincia patagónica bajo el signo del kirchnerismo.
Desobediencia a la Corte Suprema
Según Sosa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado en reiteradas oportunidades que se le restituyera su cargo. Sin embargo, estas resoluciones fueron desoídas por las administraciones kirchneristas que gobernaron Santa Cruz. Esta situación generó un prolongado estado de incertidumbre sobre la validez de los actos administrativos y la autoridad de las decisiones judiciales.
La declaración de Sosa es contundente y apunta directamente al corazón de la administración provincial durante esos años.
“El kirchnerismo se creyó por encima de la Corte Suprema de Justicia”
, afirmó el repuesto procurador, subrayando lo que considera una falta de acatamiento a la máxima instancia judicial del país. Esta postura, según sus palabras, habría sido una constante a lo largo de los sucesivos gobiernos liderados por referentes del espacio político.
El caso de Eduardo Sosa es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la independencia de poderes en Argentina y la importancia de que las decisiones judiciales sean acatadas por todos los estamentos del Estado. Su reposición, aunque tardía, representa una victoria para el principio de legalidad y el respeto a las instituciones.
