Caso ARA San Juan: preocupación en la Armada por la inminente sentencia contra cuatro oficiales

La comunidad naval argentina atraviesa un período de creciente preocupación ante la inminente sentencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, que podría condenar a cuatro oficiales de la fuerza por el hundimiento del submarino ARA San Juan. La tragedia, ocurrida en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, costó la vida a sus 44 tripulantes y generó una profunda conmoción en el país.

A casi nueve años del suceso, un documento que circula entre almirantes retirados advierte sobre la posibilidad de que la Justicia atribuya responsabilidades penales a comandantes superiores de la Armada que no estaban directamente a cargo de la conducción del submarino en el lugar de los hechos. Esta situación, según fuentes de la Armada, podría sentar un precedente negativo para las futuras camadas de oficiales.

El pronunciamiento se da a conocer a pocos días de la audiencia en la que el tribunal dictaría sentencia, lo que podría ocurrir el próximo miércoles o jueves. No obstante, aún están pendientes de resolución varios pedidos de nulidad planteados por las defensas de los marinos acusados.

Las penas solicitadas por la Fiscalía y las querellas

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal solicitó diversas penas de prisión para los exjefes navales involucrados:

• Cinco años de prisión para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien ocupaba el cargo de comandante de Alistamiento y Adiestramiento, la máxima autoridad operativa de la fuerza en el momento de la implosión del submarino.
• Cinco años de prisión para el capitán de navío Claudio Javier Villamide, destituido por el Consejo de Guerra y entonces comandante de la Fuerza de Submarinos.
• Cuatro años de prisión para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos.
• Tres años y seis meses de prisión para el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de Comunicaciones.

Las querellas, que representan a 34 familias de las víctimas, también pidieron la pena máxima para los cuatro exjefes navales, argumentando una “imprudencia grave y sistemática” por parte de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.

Impacto en la doctrina naval y el concepto de responsabilidad

Desde la Armada, se entiende que una sentencia condenatoria en estos términos podría condicionar a los oficiales de las nuevas camadas, desincentivando la asunción de responsabilidades en su carrera. El documento que circula entre los almirantes retirados plantea interrogantes sobre el futuro:

“¿Quién asumirá en el futuro algún riesgo para cumplir las distintas operaciones reales y de adiestramiento de las Fuerzas Armadas viendo las responsabilidades penales que podrían endilgársele por decisiones que no toman ellos o por circunstancias fuera de su control?”

Esta preocupación se extiende a todas las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas, desde el control del mar y la logística antártica hasta las misiones de paz y el apoyo a la comunidad ante catástrofes.

Los oficiales de la Armada, especialmente los retirados, insisten en que los comandantes de las naves son los responsables finales de las operaciones en el mar. En el caso del ARA San Juan, esa función recaía en el malogrado capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

“El Reglamento General del Servicio Naval establece que la responsabilidad del comandante respecto de su buque es absoluta y solo cesa en caso de ser relevado por autoridad competente.”

Este principio, que rige “desde siempre en el mundo entero”, sostiene que el comandante de la nave “es el único que puede observar, evaluar la situación in situ y tomar las medidas correctivas correspondientes con el asesoramiento de su plana mayor y dotación”.

También expresan malestar por la ausencia de marinos en la composición del Consejo General de Guerra constituido en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi, cuyas sanciones disciplinarias al capitán Villamide se estima que influyeron decisivamente en el proceso judicial.

El pronunciamiento destaca que unos 90 marinos con formación especializada y experiencia en navegación coincidieron en que el ARA San Juan reunía las condiciones de adiestramiento, alistamiento y apresto necesarias para su misión. A diferencia de las pruebas judiciales, el documento asegura que “el ARA San Juan zarpó en condiciones seguras para navegar” con el aval del comandante.

“Nunca sabremos qué ocurrió desde que el submarino se fue a inmersión por decisión del comandante hasta que implotó horas después. Solo tenemos suposiciones”, insisten en la Armada. Los oficiales consultados por LA NACION recalcaron que “la actividad militar es intrínsecamente riesgosa” y que “el comandante y su tripulación hicieron lo mejor que pudieron y supieron para mantenerse seguros”.

Finalmente, advirtieron que “condenar a un grupo de prestigiosos oficiales navales solo servirá para que futuros oficiales de comando rehúyan o recelen de sus enormes responsabilidades con magros recursos y cambien su idiosincrasia en detrimento de su eficiencia. Esto destruirá nuestra doctrina y reglamentos, dinamitando los cimientos de la profesión naval”.