Templo Filadelfia: piden hasta 24 años de cárcel para 27 acusados por asociación ilícita, trata y servidumbre

El fiscal general Alberto Gentili solicitó penas de entre 3 años y 9 meses y hasta 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar una organización internacional que, bajo la fachada de la congregación religiosa “Templo Filadelfia”, habría captado y sometido a personas en situación de vulnerabilidad durante casi cinco décadas. La acusación detalla explotación laboral y reducción a la servidumbre.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de San Martín, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) subrayó que el caso exhibe “criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”. Gentili enfatizó la necesidad de valorar la prueba considerando la vulnerabilidad de las víctimas y las asimetrías de poder.

Según la acusación, la estructura operó al menos entre 1972 y el 1 de diciembre de 2020. Su sede central se ubicaba en San Justo, La Matanza, con anexos en diversas provincias argentinas, además de Paraguay y Brasil. Se estima que al menos 25 víctimas fueron afectadas.

Gentili imputó a todos los acusados el delito de asociación ilícita. Además, atribuyó a 25 de ellos los delitos de servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real, en 18 casos como coautores y en siete como partícipes necesarios.

La principal acusada, Eva Petrona Pereyra, de 82 años, para quien se requirió la pena más alta de 24 años de prisión, también deberá responder por abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de los hechos.

El fiscal solicitó el decomiso de 48 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos, argumentando que fueron “usados para la comisión de los delitos o que son producto” de ellos. También pidió que el TOF fije el monto de la reparación para las víctimas basándose en un dictamen conjunto de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Estos organismos, junto con la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), colaboraron en la instrucción de la causa, a cargo del fiscal federal N°1 de Morón, Sebastián Basso. El juicio, que comenzó el 23 de octubre de 2024 ante los jueces Fernando Machado Pelloni y Walter Venditti y la jueza Claudia Morgese, ha contado con más de 200 testigos y se reanudará el próximo lunes con el alegato de una de las defensas.

“Control absoluto sobre los cuerpos y las mentes”

Al fundamentar la acusación, Gentili sostuvo que las víctimas describieron “un proceso, un encadenamiento de una serie de eventos extendidos a lo largo de varios años y verificados en múltiples locaciones geográficas”. Remarcó que estos procesos “han abarcado una porción significativa del total de la vida de las víctimas y este factor le da una particularidad que sale de la media”.

El fiscal destacó la coherencia y consistencia de los testimonios, que permitieron reconstruir mecanismos de “aislamiento, disciplinamiento y alienación”. Afirmó que las víctimas, incluyendo niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, fueron sometidas a un “control absoluto (…) no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”.

Según el MPF, la organización utilizaba persuasión, engaño y coerción, aprovechando la vulnerabilidad de las personas captadas. Describió una estructura fuertemente jerarquizada que ejercía control mediante vigilancia, castigos, humillaciones y traslados compulsivos entre sus sedes. “Estos mecanismos de control y coerción de los traslados son una de las múltiples demostraciones de la intensa conciencia de antijuridicidad con que obraba la jerarquía de la organización”, afirmó.

Control de la sexualidad, abusos y matrimonios digitados

Dentro de este esquema de sumisión, las víctimas relataron diversas formas de control sobre su sexualidad y vínculos afectivos. Gentili mencionó agresiones sexuales, como tocamientos y frotamientos, justificados por la organización mediante “supuestos rituales, como las denominadas ‘fiestas del señor’”.

El fiscal también se refirió a los matrimonios “digitados” por los jerarcas, y a los mecanismos de humillación o segregación aplicados a quienes manifestaban preferencias homosexuales. “Las víctimas no solo no podían elegir, sino que les era impuesto en modo heterónomo el quién, el cómo y el cuándo. Si se apartaban de tal orden, eran castigadas, humilladas y/o segregadas”, explicó sobre la conformación de parejas decidida por la líder.

Explotación laboral

Los testimonios coincidieron en describir condiciones de hacinamiento, escasa alimentación, falta de higiene, ausencia de controles médicos y exclusión del sistema educativo formal. El objetivo final de la organización era la explotación laboral en tareas domésticas, elaboración y venta de productos panificados, y trabajos de albañilería y construcción.

“La finalidad última era la explotación laboral, que la estructura jerárquica pudiera aprovechar su fuerza de trabajo sin contraprestación salarial, sin sujeción a ningún régimen de trabajo, sin descanso, sin limitaciones vinculadas a la edad o a la condición física y en circunstancias de absoluta clandestinidad”, aseveró Gentili. Este trabajo esclavo, afirmó, generó “muchos beneficios”, tanto en fuerza de trabajo disponible como en bienes materiales.

La organización desarrolló una “cuidadosa estrategia ideológica, discursiva y material” para asegurar la continuidad del sistema, mediante el aislamiento, alienación, sujeción, control y castigo de las víctimas. Finalmente, Gentili destacó el “carácter multiagencial” de la organización, dada la prolongada extensión temporal y el despliegue territorial “que abarcó los cuatro puntos cardinales de nuestro país”.

Los pedidos de pena

El fiscal general Gentili solicitó las siguientes penas:

• Eva Petrona Pereyra: 24 años de prisión por asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral agravada, abuso sexual contra cuatro víctimas (dos menores de edad), supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.
• Rigoberto Ismael Mora Bogado: 21 años de prisión por los mismos delitos, excepto abusos sexuales.
• Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Lemos, Norma Valdez, Mónica Gutiérrez, Norma Gutiérrez, Guillermo Alza, María Luisa Alza y Martín Cáceres: 18 años de cárcel.
• Ruth Mora Bogado: 15 años de prisión.
• Katherine Alegre Herrera, Carina Torres, Silvia Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Carranza y Claudio Álvarez: 14 años.
• Osvaldo Gutiérrez: 10 años y 9 meses.
• Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Aguirre: 8 años.
• Carlos Matías Barrionuevo: 6 años y 9 meses.
• Olga Carranza y Liliana Barrionuevo: 5 años y 9 meses.
• Pablo Carranza y Claudia Acosta: 5 años.
• Víctor Ayunta: 4 años y 6 meses de prisión.
• Damaris Sabich: 3 años y 9 meses de prisión. Para Ayunta y Sabich, el fiscal solicitó absolución respecto de los delitos de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre.