Diputados: el Gobierno busca aprobar el “Súper RIGI” y el pago a holdouts por US$171 millones
El Gobierno nacional impulsa hoy en la Cámara de Diputados dos de sus iniciativas económicas clave: el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), apodado “Súper RIGI”, y el acuerdo para saldar una deuda de US$171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor, remanentes de los holdouts que mantienen litigios contra Argentina desde el default de 2001.
La sesión especial, convocada para este mediodía, cuenta con el respaldo de los mismos bloques aliados que ayer impidieron el debate para interpelar al vocero presidencial, Manuel Adorni, como informó este medio Tregua parlamentaria para Adorni: el Gobierno negocia postergar la interpelación en Diputados. Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de Provincias Unidas y diversos bloques provinciales acompañan la agenda del oficialismo.
La jornada legislativa comenzará con la aceptación de la renuncia de Adrián Ravier, diputado libertario que asumirá como vocero presidencial. Su lugar será ocupado por Martín Matzkin, proveniente del Ministerio de Seguridad, quien se desempeñaba como subsecretario de Articulación Federal. Se anticipan más de 12 horas de debate, incluyendo exposiciones, homenajes y cuestiones de privilegio.
Además de los dos proyectos económicos centrales, la Cámara Baja discutirá una serie de convenios internacionales. Estos incluyen acuerdos de doble imposición y evasión fiscal con Francia, cooperación para desalentar la pesca ilegal, y convenios de seguridad social con Suiza y San Marino.
El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a convertirlo hoy en ley. Por su parte, el “Súper RIGI” inicia su tratamiento en Diputados, donde el oficialismo busca otorgarle media sanción para luego remitirlo a la Cámara alta.
El “Súper RIGI”: beneficios y controversias
El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones establece un marco de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión que superen los US$1000 millones. Entre sus principales puntos, se destaca una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas que alcanzará el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Un aspecto controversial del “Súper RIGI” es la habilitación a los inversores para recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de litigios con el Estado argentino. El texto también protege los derechos otorgados bajo el régimen como “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que podría generar reclamos ante futuras modificaciones regulatorias. Además, el esquema limita la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos.
Durante el debate en comisiones, se incorporaron cambios impulsados por los bloques aliados. Entre ellos, se incluyeron beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados. También se reforzaron requisitos ambientales y sociales, exigiendo a los inversores acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, e incorporando una causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos.
Acuerdo con holdouts
El acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor contempla el pago de US$171 millones. Este desembolso tiene como objetivo cerrar los litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores. Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos originalmente reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino.
