Jorge Macri decretó servicios mínimos obligatorios en subtes, colectivos y recolección de basura ante paros
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso, a través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que los servicios de subtes, colectivos y recolección de residuos deberán garantizar niveles mínimos de funcionamiento operativo en caso de medidas de fuerza gremiales. La normativa busca “neutralizar el impacto de los paros en áreas críticas que afectan el día a día de los porteños y de quienes entran y salen de la Ciudad”.
El decreto adhiere a las modificaciones de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que clasifica sectores como “esenciales” o “actividades de importancia trascendental”. Esta categorización impone la obligatoriedad de prestar servicios mínimos que van del 50% al 75% de su capacidad, evitando así la interrupción total de las prestaciones frente a conflictos sindicales.
Las empresas de recolección de residuos, al ser consideradas un servicio esencial, deberán asegurar una cobertura mínima del 75%. Por su parte, el transporte público de pasajeros –que incluye colectivos, subte y Premetro– fue catalogado como una actividad de “importancia trascendental”, por lo que el decreto establece que, ante cualquier huelga o reclamo gremial, se deberá garantizar una prestación mínima del 50%.
“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Implementación y contexto político
Para la puesta en marcha de esta normativa, el decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a definir, junto a la concesionaria Emova, las modalidades operativas para asegurar la circulación de trenes. Asimismo, la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, recibió la orden de “arbitrar los medios necesarios y convocar a las partes involucradas para asegurar el estricto cumplimiento de los porcentajes fijados por la normativa vigente”.
Esta medida se inscribe en una serie de reformas y desregulaciones impulsadas por el Gobierno porteño, que sigue los pasos de iniciativas nacionales. Previamente, la Ciudad endureció las penas contra “trapitos” y “limpiavidrios”, y adhirió a las nuevas normativas para desregular el servicio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Estas iniciativas contaron con el apoyo del bloque libertario en la Legislatura porteña, liderado por Pilar Ramírez, quien responde a Karina Milei. El mismo bloque también impulsó la “Ley Hojarasca”, que deroga más de 30 leyes, ordenanzas y artículos obsoletos para desburocratizar el sistema normativo porteño.
El decreto de Jorge Macri, publicado hoy en el Boletín Oficial, también lleva la firma de los ministros de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.
