Corte Suprema: El Gobierno derogó el decreto de transparencia y genera debate sobre el rol de la ciudadanía
El Gobierno nacional derogó el Decreto 222/2003, una normativa clave que establecía un proceso de consulta pública previo al envío de pliegos para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida, oficializada a través del Decreto 467 del 16 de junio, generó un fuerte debate y críticas por parte de expertos en derecho constitucional y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten sobre un posible retroceso en la transparencia y la participación ciudadana en la conformación del Máximo Tribunal.
La decisión presidencial elimina la obligación de dar publicidad al nombre del candidato nominado antes de su envío al Senado, un paso que permitía a diversos actores de la sociedad civil opinar y escrutar los antecedentes y reputación del propuesto. Esta instancia, implementada durante la presidencia de Néstor Kirchner, buscaba evitar designaciones opacas y apresuradas, como las ocurridas en la década de 1990.
El fantasma de la “mayoría automática” de los 90
La derogación del Decreto 222/2003 retrotrae el mecanismo de designación de jueces de la Corte Suprema a un esquema similar al previo al año 2003, cuando la práctica habitual era un acuerdo político entre partidos, sin entrevistas públicas ni escrutinio ciudadano sobre los nominados. Este sistema alcanzó su punto más crítico en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se amplió el número de miembros de la Corte de cinco a nueve. En apenas siete minutos y en una sesión secreta, el Senado aprobó los pliegos de seis nuevos jueces, consolidando la llamada “mayoría automática”.
Roberto Saba, profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la UBA y la Universidad de Palermo, recordó que la velocidad y opacidad de aquel proceso, sumada a la falta de escrutinio ciudadano, permitió la llegada a la Corte de personas que en poco tiempo la desacreditaron. “La mayoría de los magistrados designados carecían de los antecedentes, la reputación y los atributos necesarios para hacer un trabajo correcto”, afirmó Saba, señalando que muchas de sus decisiones fueron percibidas como concesiones al presidente, destruyendo la confianza ciudadana en la institución.
La crisis de 2001 y el reclamo por una “Corte para la Democracia”
La profunda crisis política, social y económica de diciembre de 2001, que culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y el clamor popular de “¡Que se vayan todos!”, expuso también el desprestigio de la Corte Suprema. La “mayoría automática” estaba bajo sospecha de corrupción y había perdido legitimidad. En este contexto, un grupo de juristas y organizaciones de la sociedad civil impulsó en 2002 el documento “Una Corte para la Democracia”, que proponía una reforma estructural en el funcionamiento del Máximo Tribunal.
Fue en base a esta propuesta que, en 2003, el presidente Kirchner sancionó el Decreto 222. Además de promover el equilibrio de género, el decreto establecía la publicidad del nombre del nominado antes del envío al Senado y la invitación a la participación ciudadana. Este mecanismo buscaba que el Presidente propusiera personas con trayectorias y reputaciones que pudieran superar un duro escrutinio público, actuando como un “antídoto” contra nominaciones sin prestigio ni buena reputación.
Argumentos del Gobierno y críticas al retroceso institucional
Desde el Gobierno, se adujo que lo estipulado por el Decreto 222 era redundante con la instancia de debate sobre el candidato que se daría en el Senado y que mantener la transparencia y la participación previas a la nominación presidencial provocaba una demora innecesaria. Sin embargo, críticos como Roberto Saba sostienen que “la razón es otra: la transparencia y la participación ciudadana fueron la razón por la que el Poder Ejecutivo pagó un alto costo político en el último intento de nominar jueces a la Corte y no está dispuesto a pasar por lo mismo”.
Esta decisión, según los opositores, incrementa considerablemente el riesgo de que las nominaciones vuelvan a los estándares de aquella Corte de los 90, constituyendo “una profunda desgracia y un enorme retroceso en materia de calidad institucional que afectará la confianza pública en nuestros jueces”. A partir de ahora, la calidad de los nominados a la Corte dependerá exclusivamente del criterio del Presidente y sus asesores, lo que podría tener consecuencias negativas por décadas en la justicia argentina.
