Derechos Humanos: el Gobierno de Milei consolida su repliegue de los foros internacionales

Argentina, bajo la administración de Javier Milei, ha abandonado la histórica consigna del Nunca Más y su rol tradicional como actor clave en los organismos internacionales de derechos humanos. Este giro, denunciado por distintas organizaciones, marca un quiebre con casi cuatro décadas de política exterior que había otorgado prestigio al país en el ámbito global.

La «batalla cultural» de la actual gestión se traduce en una reinterpretación de los hechos de la década de 1970 y un rechazo a la llamada «agenda woke» o Agenda 2030, donde el oficialismo engloba las políticas de derechos humanos. Esta postura alinea a Argentina con las visiones de figuras como Donald Trump en Estados Unidos y el gobierno de Israel.

Un ejemplo concreto de este cambio es la ausencia del exvicecanciller Carlos Foradori, actual embajador y representante permanente de Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos. Esta decisión del Gobierno implica que Argentina no tiene derecho a voto y su voz crítica se ha silenciado en la mayoría de los debates, con excepciones puntuales como la oposición al chavismo en Venezuela, la teocracia iraní o la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Foradori, quien décadas atrás compartió funciones con el fiscal Julio César Strassera en el ámbito de los derechos humanos ante la ONU, fue recientemente designado representante permanente ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), sumando un nuevo cargo desde la misma sede.

Ausencia en exámenes periódicos y votos polémicos

La organización Cadal, a través de Dorothea Krueger, ha documentado este repliegue. «Bajo el gobierno de Milei, la Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales de derechos humanos», señaló Krueger. Un caso paradigmático fue la no participación de Argentina en el último Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos en enero pasado, que trató la situación de Ruanda. Este silencio, según Cadal, «le da la espalda a todos aquellos que quisieran opinar libremente en Ruanda».

El fenómeno no es reciente. En agosto del año pasado, Argentina retiró su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos como miembro entre 2026 y 2028, un espacio que había llegado a presidir durante el gobierno de Alberto Fernández a través del embajador Federico Villegas. Desde entonces, el país dejó de participar en exámenes de la situación en Panamá, Honduras y Jamaica. Si bien intervino en ocho de los 42 países analizados hasta ese mes, incluyendo condenas a Irán, Nicaragua y Venezuela, también defendió a aliados como El Salvador de Nayib Bukele y la Italia de Georgia Meloni, sin mencionar las denuncias por violaciones de derechos humanos en sus regímenes carcelarios.

La investigación de Cadal también detalla la no intervención argentina en casos de países calificados como «no libres» por Freedom House, como Angola, Kazajistán, Irak, Egipto, Kirguistán y Guinea.

Una enorme alegría saber que Nahuel Gallo fue finalmente liberado luego de su larga e injusta detención. Esta situación fue denunciada por el gobierno argentino del Presidente Milei, por la Cancillería Argentina y por la diplomacia argentina, desde el primer momento y ante todos… pic.twitter.com/O48rmTQYl9

— Carlos Foradori (@cmforadori) March 1, 2026

El exembajador argentino ante la ONU en Nueva York, Ricardo Lagorio, enfatizó a LA NACION que «los derechos humanos no son un invento del kirchnerismo, están en nuestra Constitución». Lagorio también apuntó que Argentina ha dejado de participar en la denominada tercera comisión, enfocada en temas sociales y de género, argumentando que «no son temas de interés para el Gobierno».

Retiro de la OMS y críticas de Amnistía Internacional

La postura crítica hacia la ONU se extendió a otros organismos. Argentina se retiró formalmente en marzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, al igual que Estados Unidos, mantiene una mora en el pago de sus contribuciones anuales a la ONU y a varias de sus organizaciones asociadas.

En la Asamblea General, la delegación liderada por Francisco Tropepi protagonizó votaciones polémicas, como su negativa a cuestionar la esclavitud como «crimen de lesa humanidad más grave de la historia» en marzo pasado. Este voto negativo coincidió con los de los gobiernos de Trump y de Benjamín Netanyahu, en Israel, país al que la diplomacia argentina ha defendido en todos los foros.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó a LA NACION su preocupación: «La Argentina contó históricamente con un reconocimiento internacional construido durante décadas: una diplomacia de derechos humanos con liderazgo en género y diversidad, libertad de expresión, memoria, verdad y justicia, derechos de personas mayores, migrantes y refugiadas, entre otras agendas. Sin embargo, desde fines de 2023, y bajo el pretexto de un giro geopolítico, quebró una tradición de Estado y fue abandonando espacios multilaterales clave».

Belski agregó que «el retiro anunciado de la OMS, la renuncia a competir por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el desmarque inédito en el G20 y los votos aislados en la Asamblea General contra resoluciones históricamente consensuadas sobre tortura, migrantes, género, agua y desarrollo muestran un proceso de repliegue, pérdida de influencia y debilitamiento de una política exterior que había sido parte central de la identidad democrática argentina».

Ni la Cancillería ni la oficina de Ginebra respondieron a las consultas de LA NACION.

Ajustes en la Subsecretaría de Derechos Humanos local

En el ámbito nacional, la Subsecretaría de Derechos Humanos continúa con políticas de ajuste, incluyendo despidos de seis integrantes del Consejo Federal. Sin embargo, la nueva conducción, a cargo de Leonardo Szuchet y alejada de la influencia de Santiago Caputo, ha suspendido el traslado de la sede desde la ex ESMA y no avanzó en la modificación del discurso oficial del Museo de la Memoria para adaptarlo a la «memoria completa» libertaria, una iniciativa que se daba por hecha hasta la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

Desde el inicio de la gestión de Milei, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería fue transferida por decreto de la Secretaría de Relaciones Internacionales a la Secretaría de Culto. Esta última es ahora la encargada de dar las instrucciones para las votaciones y los silencios en los foros internacionales, consolidando su rol como vehículo de la «batalla cultural». Un experimentado diplomático consultado remató: «Se ha perdido el poder blando que tenía el país, construido en 40 años de democracia. Lo mejor para los funcionarios, en este contexto, es callarse la boca».