Narcotráfico: piden 14 años de prisión para el ruralista Leonardo Airaldi por organizar vuelos de cocaína

La fiscalía federal solicitó una pena de 14 años de prisión para Leonardo Roberto Airaldi, un reconocido productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, acusado de organizar y financiar una compleja red de narcotráfico. El pedido de condena se formuló durante el juicio que se desarrolla en Paraná, donde se lo señala como el cerebro detrás de vuelos clandestinos de cocaína y su posterior distribución.

Según la imputación del Ministerio Público Fiscal, Airaldi habría liderado operaciones de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024. Las maniobras se llevaban a cabo desde sus propios campos, donde se identificó una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas cargadas con cocaína. Desde allí, la droga era distribuida mediante lanchas, aprovechando la estratégica ubicación de sus propiedades sobre la costa del río.

“El Ministerio Público Fiscal solicitó hoy que se condene a 14 años de prisión al productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, acusado de haber organizado y financiado maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en la provincia de Entre Ríos. De acuerdo con la imputación, las operaciones se desarrollaban desde campos del imputado, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas con cocaína y de los que partían lanchas destinadas a su distribución”, se indicó en la página de noticias oficiales del Ministerio Público.

La acusación fue presentada por el fiscal general entrerriano José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona. Candioti, quien lideró el alegato, no solo lo vinculó al tráfico de drogas sino que también reveló un grave plan de atentado contra su persona y la del juez federal Leandro Ríos.

El plan para asesinar a fiscales y jueces

Paralelamente a la causa por narcotráfico, Airaldi enfrenta una investigación por haber ideado un complot para asesinar al fiscal Candioti y al juez federal Leandro Ríos. Según la pesquisa, el ruralista creía que ambos funcionarios judiciales viajarían de vacaciones a Punta del Este, Uruguay, donde serían ejecutados por sicarios. Sin embargo, el plan fue frustrado por la delación de otro preso y por el hecho de que Candioti y Ríos nunca tuvieron intenciones de viajar a ese destino.

La trama se desveló por la declaración de un recluso en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde Airaldi también estuvo detenido. El objetivo era evitar el juicio oral y, de acuerdo con la investigación, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también estaba en la mira del acusado. Actualmente, Airaldi se encuentra alojado en el pabellón de presos de alto perfil del penal de Ezeiza, tras conocerse este plan de atentado.

Pruebas y defensa del acusado

Durante su alegato, el fiscal Candioti afirmó que el Ministerio Público Fiscal tiene “absolutamente acreditado” que Leonardo Airaldi dirigía una organización dedicada al comercio de estupefacientes. Testimonios de vecinos que reportaron “movimientos raros por la noche” y la existencia de la pista clandestina, sumados a imágenes de drones que mostraron aeronaves despegando y aterrizando en un camino aplanado de entre 200 y 250 metros en el campo del acusado, fueron elementos clave.

Por estas pruebas, la fiscalía solicitó al Tribunal Oral Federal de Paraná el decomiso de la estancia El Mirador, propiedad de Airaldi, al considerarla un “instrumento para la comisión de este delito” debido a su extensión, ubicación estratégica y difícil acceso. También se confirmó que la banda utilizaba lanchas con motores preparados para buscar la droga que llegaba en avionetas a la zona de islas en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En su defensa, Airaldi negó los cargos de tráfico y venta de drogas, argumentando ser solo consumidor de sustancias ilícitas. Intentó justificar los mensajes codificados interceptados por los investigadores, afirmando que eran conversaciones entre consumidores. “Es muy normal que entre consumidores uno diga ‘haceme la ondita’. ‘Haceme la ondita’ no es vender, es comprar”, sostuvo, comparando la práctica de convidar cocaína con la de invitar a alguien a tomar un buen vino, una analogía que generó extrañeza en la sala.

La fiscalía desestimó esta línea de defensa, haciendo referencia a una conversación de 2022 en la que uno de los involucrados mencionaba haber cobrado $10.000.000 “por salir a pescar”, lo que Candioti interpretó como una clara evidencia de comercio de tóxicos.

Otros pedidos de condena y el futuro del juicio

Además de la pena para Airaldi, los fiscales solicitaron condenas para otros implicados en la causa. Para Juan Andrés Erbes, pidieron 7 años de prisión; para Sebastián Agustín Armocida, 6 años y 4 meses; y para Roberto Fabián Coronel, 6 años. A Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, se les requirieron penas de 4 años y 6 meses, y de 3 años y 3 meses de prisión, respectivamente. En el caso de Touzet, el MPF consideró su situación desde una perspectiva de género, tras su declaración en la que se mostró amenazada por Airaldi.

También se pidieron penas para Walter Olivero (3 años y 2 meses), Cristian Sánchez y Marino Martínez (3 años de ejecución condicional), identificados como los “eslabones más débiles” de la organización criminal.

El juicio continuará con los alegatos de las defensas, programados para el 1° de julio, y luego de la feria judicial, con audiencias el 30 y 31 de julio. El veredicto final se espera para el 13 de agosto próximo, por parte del Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por las juezas Noemí Marta Berros, Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.