ART: la judicialidad por accidentes laborales crece y se proyectan más de 138.000 juicios en 2026
La judicialidad por accidentes y enfermedades laborales en Argentina mantiene una tendencia al alza desde la pospandemia, proyectando un récord histórico de demandas para 2026. A casi una década de la reforma legal que buscaba reducir los litigios, y a 30 años de la implementación del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), el problema es creciente y presenta heterogeneidades significativas según el sector de actividad y la jurisdicción geográfica.
Los primeros meses de este año confirman la escalada, que pone bajo una «gran lupa» los peritajes médicos y las brechas entre las incapacidades definidas por las comisiones médicas administrativas y las que se establecen en la instancia judicial. Esta situación tiene un impacto directo en los costos para los empleadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y en la sostenibilidad del propio sistema de ART.
Números que encienden alarmas
Un informe de LA NACIÓN Data, basado en información de la Unión de ART (UART), revela cifras preocupantes. En 2025, la industria en Santa Fe registró 419,4 juicios por cada 10.000 trabajadores asegurados, un incremento del 12% respecto al año anterior y el triple del promedio nacional, que fue de 132,8. Le siguieron Entre Ríos y Buenos Aires con 271,8 y 270,2 litigios, respectivamente, los índices más altos desde 2019.
En el primer cuatrimestre de este año, se notificaron 39.687 nuevas demandas a las ART. De mantenerse esta tendencia, se proyecta que en todo 2026 se alcanzarían más de 138.000 casos, superando los 134.141 litigios iniciados en 2025 y marcando un récord en la historia del sistema.
Estos datos contrastan con la caída de la litigiosidad registrada tras la Ley 27.348 de 2017 y la paralización económica por la pandemia en 2020. Desde 2021, la cantidad de juicios ha vuelto a crecer.
Una ley sin cumplir y sus consecuencias
La Ley 27.348, vigente desde 2017, estableció la obligatoriedad de pasar por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) antes de iniciar un juicio, para determinar la incapacidad laboral y el monto de resarcimiento. Además, preveía la creación de cuerpos médicos forenses en cada jurisdicción que adhiriera a la norma, con profesionales cuyos honorarios no estuvieran atados al resultado de las pericias.
Según Mara Bettiol, presidenta de la UART, si bien 18 jurisdicciones adhirieron a la ley, ninguna ha puesto en marcha los cuerpos médicos forenses tal como se previó. Solo Santa Fe, San Luis y Jujuy firmaron convenios marco con la SRT para avanzar en el tema, siendo Santa Fe la que más pasos dio. La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz no aprobaron su adhesión.
«Si comprobamos que la siniestralidad está en descenso y aun así los litigios aumentan, llegamos a la conclusión de que la clave para solucionar esta paradoja está en las pericias que se realizan»
Esta declaración de Fernando Pérez, gerente general de la SRT, subraya una de las contradicciones centrales del sistema: la judicialidad aumenta mientras el número de accidentes laborales se reduce. En los últimos 15 años, la siniestralidad en la industria cayó un 70%, pero la litigiosidad creció, con la excepción del período posterior a la Ley de 2017. En 2003, la tasa de litigiosidad era de 6,4 cada 10.000 asegurados; en 2025, hubo 175 juicios cada 1000 siniestros, frente a 100 en 2020.
Disparidad en las incapacidades y los costos
El análisis de 155.131 pericias judiciales ingresadas entre 2022 y 2025 muestra una brecha significativa: el porcentaje promedio de incapacidad definido por las comisiones médicas fue del 1,3%, mientras que en los peritajes judiciales se elevó al 13,7% y en las sentencias finales, al 13,1%. Estas cifras tienen un impacto directo en las indemnizaciones.
Las disparidades también se observan entre jurisdicciones. Los promedios de incapacidad en sentencias varían desde el 6,7% en Santa Fe hasta el 21,9% en San Luis, provincia que tuvo la mayor incidencia de juicios en 2025 (300 cada 10.000 asegurados). La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires superaron el promedio con 15,1% y 14,3% respectivamente.
La minería fue la actividad con el mayor índice de incapacidad por sentencias (15,4%), frente al 1,4% determinado por las comisiones de la SRT. Un informe de Idesa concluye que estos datos son «indicios sólidos de que los peritos médicos aplican criterios subjetivos para evaluar el daño laboral», generando desigualdad en los montos que perciben los trabajadores.
Además, la dispersión de criterios para la actualización de los montos en las sentencias agrava la situación, con jueces que aplican diferentes índices salariales o tasas de interés. La SRT estima que el «sobrecosto» del sistema, derivado de estas brechas y los honorarios de abogados, alcanzó los US$2140 millones en 2025.
La sostenibilidad del sistema en jaque
Idesa advierte que los juicios contra las ART representan el 1% de la masa salarial, un tercio de la alícuota promedio del seguro que pagan los empleadores. La UART estima que, si no fuera por la judicialidad, la alícuota promedio del seguro, que hoy ronda el 3% de los salarios, podría ser de 2,19%, similar a países como Chile o España con niveles de siniestralidad parecidos. La situación actual requeriría una suba del 69% en la alícuota para asegurar la sostenibilidad del sistema.
Al cierre de marzo de este año, había 312.992 juicios pendientes de resolución, un 2% más que doce meses antes y un 12,7% más que en julio de 2022. Esta cifra, aunque menor al pico de 375.592 de abril de 2018, muestra una tendencia creciente que pone en entredicho la efectividad de las reformas implementadas para contener la litigiosidad.
