Rectores responden a Milei: “No tenemos miedo” y piden a la Corte por el financiamiento

En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre las universidades públicas nacionales y el Gobierno de Javier Milei, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un duro comunicado en respaldo a su presidente, Franco Bertolacci, y repudió “los ataques infundados de funcionarios del gobierno nacional a las universidades”. La declaración surge a pocos días de la masiva Marcha Federal Universitaria, que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país.

Las rectoras y los rectores de más de 70 instituciones de educación superior nacionales rechazaron categóricamente las agresiones provenientes del Presidente de la Nación y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, contra el sistema universitario argentino y sus autoridades. El CIN advirtió que no están dispuestos a aceptar pasivamente acusaciones de delincuentes por el simple hecho de cumplir con su responsabilidad institucional de reclamar el cumplimiento de la ley.

La respuesta del CIN se dirige directamente a planteos como los de Álvarez, quien había sostenido que a las universidades “les ofende la verdad, los datos” y que las casas de altos estudios fueron “colonizadas” por la política. El organismo subraya que su obligación es “reclamar, exigir y defender el cumplimiento de la ley, la Constitución y de los derechos que de ellas emanan”.

Críticas a la descalificación y defensa de la autonomía

El comunicado del CIN enfatiza que la situación no se trata de una discusión personal ni de una disputa menor, sino de “un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal”. Los rectores alertan que, cuando un gobierno “reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática”.

En este sentido, reiteraron la convicción de que el Gobierno debe respetar la ley de financiamiento universitario. “No vamos a aceptar que se pretenda instalar como sentido común que reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso de la Nación, ratificada institucionalmente, respaldada por decisiones judiciales y apoyada masivamente por la sociedad, constituye un acto delictivo”, afirmaron. Por el contrario, sostienen que “en una república es una obligación ética, política e institucional exigir que se cumpla la ley”, y advirtieron: “Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo”.

El debate público y el pedido a la Corte Suprema

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bertolacci, ya había respondido públicamente a los señalamientos del subsecretario Álvarez. Bertolacci explicó que “hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas” y calificó las declaraciones oficiales como “frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”. En un debate televisivo, Álvarez había planteado que la ley de financiamiento “nacía muerta”, a lo que Bertolacci recordó que la norma fue debatida y aprobada en un contexto legislativo donde no existía un presupuesto nacional vigente.

El CIN también manifestó su rechazo a “callarse ni a mirar hacia otro lado frente a semejante degradación del discurso público”. Argumentaron que “defender la universidad pública no es un delito; delito es pretender gobernar por encima de la ley, desacreditando a quienes piensan distinto o reclaman derechos legítimos”.

Frente a esta situación, el organismo realizó un llamado explícito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando “una pronta resolución”. La sociedad argentina, según los rectores, “necesita una definición clara que ratifique algo que debería ser obvio en cualquier democracia madura:

Nadie puede estar por encima de la Constitución ni de la ley. Ni los ciudadanos comunes, ni los funcionarios públicos, ni siquiera el propio Presidente de la Nación.

Finalmente, el mensaje concluye con una reafirmación de su postura: “La universidad pública argentina no va a retroceder frente a la agresión, la intimidación ni la descalificación. Vamos a seguir defendiendo, con firmeza y responsabilidad, el derecho social a la educación superior, la producción científica y tecnológica y el carácter democrático, plural y federal de nuestras universidades. Porque lo que está en discusión no es solamente el presupuesto universitario: lo que está en juego es el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir”.