Régimen Simplificado de Ganancias: el Congreso demora cambios clave y peligra la adhesión masiva
El calendario impositivo avanza rápidamente y el Régimen Simplificado de Ganancias, una iniciativa del Gobierno para que los argentinos puedan utilizar sus “dólares del colchón” sin la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se enfrenta a un obstáculo crucial. A solo tres semanas de que expire el plazo de adhesión, el Congreso aún no ha debatido la ley que introduce modificaciones fundamentales para flexibilizar la normativa e incentivar su adopción.
Aunque la cifra de inscriptos ya superó los 100.000 contribuyentes, según fuentes cercanas, el Gobierno no solo prorrogó la fecha de vencimiento hasta el 27 de julio, sino que también se reunió con tributaristas para identificar los aspectos que impedían una mayor adhesión. A partir de esos encuentros, se prometió el envío de un proyecto al Congreso para incorporar mejoras.
Cambios clave frenados en el legislativo
Un mes y medio después de aquella promesa, el movimiento legislativo es nulo. Parte de la parálisis se atribuye a la controversia generada por la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y su propia inscripción en el Régimen Simplificado de Ganancias. “No es gratuito lo que pasó con este proyecto. Hay que ver cómo lo tratan; la oposición lo va a usar”, reflexionó un tributarista, evidenciando el impacto político de la situación.
El proyecto oficial, que espera tratamiento, propone varias modificaciones significativas. Entre ellas, se destaca la ampliación del universo de contribuyentes que podrán adherirse. Actualmente, existen límites patrimoniales de $10.000 millones y de ingresos anuales de $1000 millones. La nueva versión eliminaría estas restricciones, haciendo que la elegibilidad dependa de la residencia fiscal y de no ser considerado un gran contribuyente nacional.
El problema son aquellos que no saben si pueden ingresar o no por los ingresos exentos, como diferencias de cambio o venta de un inmueble. Los más chicos entran todos. Pero la gran mayoría, por ahora, lo hizo sin sacar los dólares del colchón, porque no hay seguridad jurídica. Si uno es empleado en relación de dependencia, paga Ganancias y se compra un auto, no va a tener problemas. Ahora, una persona autónoma que tiene mucho movimiento afuera no tiene la seguridad jurídica por la discrepancia significativa. Es muy complicado meter la plata.
Así lo explicó el contador Alejandro Rosenfeld, quien participó en mayo del encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo. Rosenfeld subraya la incertidumbre que rodea a la “discrepancia significativa”, un punto central que busca subsanar el nuevo proyecto. La iniciativa establece que, si el contribuyente rectifica y paga dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, no se considerará una “discrepancia significativa” que implique la pérdida de los beneficios del régimen.
Además, la forma de medir esta discrepancia ya no se calculará sobre el saldo final de la declaración, sino sobre el impuesto determinado. Si bien se mantiene la diferencia del 15%, el régimen no caerá si la discrepancia no supera el 5% del monto previsto para la evasión simple, fijado actualmente en $5 millones.
Expectativa y llamados a la prórroga
La reforma propuesta es vista como una condición indispensable para que el régimen tome impulso y se logre la entrada al sistema formal de los “dólares del colchón”. Fernanda Laiún, socia de LFS Tax, señaló: “Es especialmente cuestionable que no se limite a los que no sean funcionarios públicos. Todos los clientes están a la espera porque aún los que no tienen pensado usar los dólares del colchón, por decisión o porque no los tienen, en el caso de adherir tienen beneficios como el de limitar inspecciones”.
Para Marcelo Rodríguez, contador público y CEO de MR Consultores, es imperativo que el Congreso trate el proyecto en los próximos días y se postergue el plazo de presentación de la declaración jurada hasta fines de agosto para fomentar una mayor adhesión. “La adhesión todavía no es masiva. Pero si tenemos certezas, va a haber un pasaje masivo, porque permite que hasta los grandes contribuyentes nacionales se inscriban, más allá de que estos últimos no van a tener los beneficios”, afirmó.
La propuesta también fija una fecha límite para exteriorizar fondos: el 31 de diciembre de 2027. Durante este período, los contribuyentes podrán ingresar dinero no declarado al sistema financiero sin que esto implique una presunción de evasión o un ajuste retroactivo en Bienes Personales, y sin la aplicación de multas, a diferencia de otros blanqueos.
Guillermo Poch, socio de Auren, explicó por qué la norma no tuvo el éxito esperado inicialmente: “Los argentinos están acostumbrados a blanquear a través de un sinceramiento fiscal; es algo que tienen estudiado y visto, saben que tienen la seguridad fiscal. Pero con el Régimen Simplificado de Ganancias, la incertidumbre opera en contra, porque por más que esté el ‘tapón fiscal’, está el miedo de que el año que viene cambie el Gobierno y se revisen las normas”. Ante este panorama, la expectativa se centra en el vencimiento del 27 de julio y la posibilidad de una nueva prórroga, considerando que coincide con las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires.
