Legislatura porteña: multas millonarias y arrestos para «trapitos» no autorizados

La Legislatura porteña sancionó una reforma del Código Contravencional que endurece de manera significativa las sanciones contra los cuidacoches y limpiavidrios que desarrollen su actividad sin autorización. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y La Libertad Avanza, eleva las multas hasta los $6,6 millones, amplía los plazos de arresto e incorpora nuevos agravantes vinculados a situaciones de intimidación, organización previa y actuación en eventos masivos.

La modificación apunta a reforzar las herramientas de control sobre una actividad que suele generar reclamos vecinales, especialmente en las inmediaciones de estadios, recitales, ferias y otros espacios de alta concurrencia. La iniciativa obtuvo la aprobación con 36 votos positivos y 18 en contra durante la sesión ordinaria.

Hasta ahora, el Código Contravencional contemplaba sanciones de entre uno y dos días de trabajos de utilidad pública o multas de 50 a 300 unidades fijas. Con la reforma aprobada, las penas pasan a ser de diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de 20 a 45 días o multas de 1200 a 7000 unidades fijas. Con el valor vigente de la unidad fija, las sanciones económicas pasan de $300.000 a montos que pueden alcanzar los $6.649.930.

Nuevos agravantes y sanciones para organizadores

Entre las novedades incorporadas figura un agravante específico para los casos en que se comprueben amenazas o conductas intimidatorias hacia conductores. En esas situaciones, las sanciones podrán duplicarse.

La norma también endurece las penas cuando exista una organización previa detrás de la actividad. En esos casos, los participantes podrán recibir arrestos de 20 a 50 días, mientras que quienes sean considerados organizadores o responsables enfrentarán hasta 60 días de arresto.

Otro de los puntos centrales de la reforma está dirigido a los operativos que suelen desplegarse alrededor de espectáculos masivos. La nueva regulación establece sanciones agravadas para quienes ejerzan la actividad en un radio de hasta 30 cuadras de estadios, recitales, parques o eventos de gran convocatoria, desde tres horas antes de su inicio y hasta dos horas después de su finalización.

Además, cuando la actividad se registre en las inmediaciones de un estadio, la legislación prevé sanciones para las entidades responsables del espectáculo, que podrán enfrentar multas de entre 10.000 y 40.000 unidades fijas, equivalentes a montos que van desde los $9,5 millones hasta casi $38 millones, junto con clausuras de 30 a 90 días en los casos que correspondan.

SI SOS TRAPITO, TE METO PRESO.

Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien.

Ley y orden. pic.twitter.com/Wxe7qmyvDS

— Jorge Macri (@jorgemacri) June 18, 2026

La reforma incorpora también sanciones accesorias, entre ellas la imposibilidad de acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales durante un plazo de dos años para quienes resulten condenados por esta contravención.

Posiciones encontradas en el debate

Durante el debate parlamentario, los bloques que respaldaron la iniciativa, como Vamos Juntos y La Libertad Avanza, sostuvieron que la modificación busca recuperar el uso del espacio público y brindar mayores herramientas para combatir prácticas extorsivas. La diputada Gimena Villafruela (Vamos Juntos) defendió el endurecimiento de las sanciones al señalar que la actividad de los trapitos constituye “uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos de la ciudad” y una de las contravenciones con mayor cantidad de denuncias.

En la misma línea, el legislador Facundo Del Gaiso (Vamos Juntos) sostuvo que la actividad de los trapitos constituye una forma de extorsión organizada por “una mafia que hay que cortar”. La legisladora Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza) respaldó la iniciativa al señalar que busca “terminar con la joda” en torno de los trapitos. “El que usa el miedo, la prepotencia y la coacción para sacarle dinero del bolsillo a los ciudadanos merece ir a la cárcel”, sostuvo.

Desde la oposición, el legislador Federico Mochi (Fuerza Buenos Aires) cuestionó que el proyecto “no prevé algo que es parte de la problemática, que es el rol de la Policía de la Ciudad”. La presidenta del bloque, Claudia Neira, señaló que su espacio impulsó una propuesta alternativa que incorporaba la responsabilidad de quienes facilitan estas prácticas y la “connivencia y la participación de la Policía”.

Otros temas aprobados por la Legislatura

En la misma sesión, los legisladores también aprobaron, con 56 votos positivos de 60 bancas, la ley impulsada por el Ejecutivo local que habilita al Gobierno porteño a buscar financiamiento por hasta 1.350 millones de dólares para avanzar con la construcción de la Línea F de subte. Los fondos deberán destinarse exclusivamente a las tareas de ingeniería, construcción y equipamiento de la futura línea que conectará Barracas con Palermo y sumará once estaciones a la red de subterráneos.

Asimismo, se creó el “Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal” destinado a facilitar la refinanciación y cancelación de deudas de consumo de personas humanas residentes en la Ciudad que se encuentren en situación de vulnerabilidad financiera. Por último, se conformó un Registro de Perfiles Genéticos que sumará una herramienta para llevar adelante los procesos penales y las investigaciones, siendo clave para la identificación de autores de delitos y personas perdidas, desaparecidas o fallecidas.