Escándalo en La Matanza: Escuelas, comisarias y sindicatos contrataron la «clínica del horror»
Un entramado de servicios de salud ilegal, conocido como “ARS Salud”, operó durante años en La Matanza, ofreciendo atención médica con profesionales sin matrícula, consultorios sin habilitación y choferes de ambulancia sin registro. La investigación judicial no solo reveló que la organización extendió sus tentáculos a comisarías y sindicatos, sino que también al menos 40 escuelas del partido bonaerense contrataron sus servicios, exponiendo a miles de alumnos a un grave riesgo.
La trama se destapó tras una investigación de la Policía Federal y la Justicia, que inicialmente buscaba a piratas del asfalto y terminó desarticulando esta red que, bajo la fachada de “ARS Salud”, brindaba cobertura médica en González Catán, San Justo, Laferrere y Virrey del Pino.
Falsos médicos en comisarías y escuelas
Según la investigación, varios comisarios de La Matanza contrataron los servicios de “ARS Salud” durante los últimos cinco años. Los supuestos médicos acudían a las seccionales en ambulancias o autos ploteados con la inscripción de la clínica para realizar los “precarios médicos”, informes sobre el estado de salud de los detenidos. De esta manera, los comisarios evitaban trasladar a los presos a los saturados hospitales públicos del distrito.
La expansión de la organización fue notable. Si bien comenzó en Virrey del Pino en 2019, con la seccional local como primer cliente, rápidamente instaló consultorios externos en tres pisos de un inmueble en González Catán. Pero su alcance no se limitó a las fuerzas de seguridad. La red captó como clientes a sindicatos y obras sociales, a quienes les ofrecía aptos médicos para colonias de verano, y a clubes.
El dato más alarmante revelado en las últimas horas es que al menos 40 escuelas de La Matanza contrataron el servicio de “área protegida”, que prometía cobertura integral para los alumnos en horario escolar. Ante esta situación, el Consejo Escolar de La Matanza ordenó a las autoridades de estas instituciones educativas que se presenten ante la Justicia para realizar las denuncias individuales correspondientes.
La peligrosidad de la organización se agravaba por la falta de habilitación de sus consultorios en Virrey del Pino, San Justo, González Catán y Laferrere. Además, se detectó que cuatro de los choferes de las ambulancias no tenían registro para conducir, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, incluidos los alumnos que eventualmente necesitaran asistencia.
Asociación ilícita y posible homicidio por dolo eventual
El Ministerio Público de La Matanza solicitó la prisión preventiva para seis de los 29 acusados, imputados por formar parte de una asociación ilícita destinada a ejercer ilegalmente la medicina con títulos falsos. Entre los detenidos se encuentra Alberto Rubén Santarceri, sindicado como el cabecilla de la organización, cuatro miembros de su familia y Gabriel Musse.
La situación de los implicados podría agravarse. Tras conocerse la noticia de los allanamientos, vecinos de González Catán denunciaron que familiares suyos fallecieron después de ser atendidos en los consultorios de “ARS Salud”. De confirmarse un nexo causal entre las muertes y la atención deficitaria, la acusación para algunos de los arrestados podría pasar a ser homicidio por dolo eventual. Para ello, la Justicia planea exhumar los cuerpos y someterlos a peritajes, una parte de la investigación que se estima llevará diez meses.
Desde los allanamientos del 20 de mayo, médicos de diversas provincias argentinas y de España se presentaron como testigos, afirmando que les robaron o falsificaron sus sellos profesionales, que eran utilizados por los falsos médicos de “ARS Salud”.
El pasado oscuro de los cabecillas
La investigación reveló que Alberto Rubén Santarceri, cuyas iniciales dan nombre a la empresa “ARS Salud”, y Gabriel Musse, ambos máximos responsables de la firma, tendrían un pasado judicial turbio. Según fuentes judiciales, habrían sido condenados por un homicidio cometido en 2008.
Santarceri, con prontuario policial N° 20313376, fue detenido el 5 de agosto de 2011 y pasó casi nueve años en prisión, saliendo en mayo de 2020 beneficiado por una resolución de la Cámara de Casación Penal bonaerense que excarceló a presos por riesgo de contagio de Covid-19. Además, se le atribuyen antecedentes por robos en la modalidad de piratas del asfalto.
La investigación continúa abierta, buscando establecer cómo una organización de esta magnitud pudo instalarse y operar a la vista de las autoridades municipales de La Matanza, con consultorios funcionando incluso frente a la Unidad Primaria de Atención (UPA) en González Catán.
