La Iglesia critica un proyecto de Milei por «debilitar la potestad del Estado» sobre la propiedad privada
La Iglesia Católica argentina, a través de un documento emitido por la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), manifestó su profunda preocupación y críticas a un proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei relacionado con la propiedad privada. Si bien la iniciativa aún no ha sido presentada formalmente en el Congreso, el texto eclesiástico advierte que su implementación podría generar graves consecuencias para el país.
El documento de la comisión eclesiástica subraya que la propuesta del Gobierno nacional «atenta contra la soberanía, los alimentos y los bienes comunes» de todos los argentinos. Esta afirmación se enmarca en un contexto de debate sobre la orientación económica y social que busca imprimir la administración de La Libertad Avanza, con un fuerte énfasis en la desregulación y la reducción del rol estatal.
Preocupación por la venta de tierras a extranjeros
Uno de los puntos centrales de la crítica de la Iglesia se concentra en la «posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales» que la nueva ley, de ser aprobada por el Congreso, otorgaría a los extranjeros. Esta preocupación remite a la histórica discusión sobre la extranjerización de la tierra en Argentina, particularmente en zonas estratégicas por sus recursos hídricos y naturales, considerados vitales para el desarrollo y la seguridad alimentaria del país.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz enfatiza que esta desregulación, al no establecer límites claros, «debilita la potestad del Estado» para regular y proteger estos bienes esenciales. La postura de la Iglesia se alinea con una visión que defiende la intervención estatal como garante del bien común y la soberanía nacional frente a intereses privados, especialmente cuando estos provienen de actores externos.
El rol del Estado y la soberanía
Las críticas de la Iglesia se suman a otras voces que han expresado reparos sobre posibles reformas que impliquen una flexibilización excesiva en la venta de tierras y recursos naturales a capitales foráneos. Desde la perspectiva eclesiástica, la propiedad privada, si bien es un derecho fundamental, no es ilimitada y debe estar siempre al servicio del bien común, con el Estado como principal custodio de este principio.
El debate que se anticipa en el Congreso, en caso de que el proyecto sea efectivamente presentado, promete ser intenso. La advertencia de la Iglesia pone de manifiesto la complejidad de las reformas propuestas por el Gobierno y sus potenciales impactos en áreas sensibles como la soberanía territorial, la producción de alimentos y la gestión de los recursos naturales, elementos cruciales para el futuro del país.
