Designación de jueces y fiscales: el Gobierno oficializó el decreto que cambia los requisitos

El Gobierno nacional, bajo la premisa de una «crisis institucional» por la elevada cantidad de cargos vacantes en el Poder Judicial y la Procuración General de la Nación, oficializó el Decreto 467/2026. La normativa, que modifica el Decreto 222/2003 de Néstor Kirchner, busca reducir plazos y eliminar instancias «duplicadas» en el proceso de designación de magistrados y fiscales, con el objetivo de imprimir celeridad a la cobertura de sillones vacíos.

Con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el decreto fue publicado este martes en el Boletín Oficial. La administración argumenta que la Nación atraviesa una crisis sin precedentes, con el 37,5% de los sillones del Poder Judicial vacíos y un 46% de despachos sin cubrir en el Ministerio Público. Esta situación, según el texto oficial, «genera una alteración en el funcionamiento normal de los órganos jurisdiccionales de la que se deriva un importante incremento en el tiempo de tramitación de los procesos judiciales que afecta de manera directa el debido proceso y, con ello, los derechos de los justiciables».

Durante los dos primeros años de gestión libertaria, el Ministerio de Justicia, inicialmente a cargo de Mariano Cúneo Libarona, no remitió al Senado ninguno de los 200 pliegos retirados del Congreso. Esta retención de ternas del Consejo de la Magistratura y la Procuración General agravó la crisis de vacantes. En los últimos tres meses, el ministro Mahiques remitió 176 pliegos a la Cámara Alta y proyecta alcanzar los 250 a finales de año, sobre un total de más de 313 pliegos acumulados en la cartera.

Modificaciones y el rol del Senado

El Decreto 467/2026 se enfoca en «remover los trámites procedimentales innecesarios y las etapas duplicadas» que, a criterio del Gobierno, no están expresamente previstas en la Constitución Nacional. La medida aclara que no suprime mecanismos de publicidad, transparencia o participación ciudadana, sino que los concentra en el procedimiento constitucional y reglamentario desarrollado ante el Senado, que ahora concentrará la instancia de impugnaciones para el tratamiento de los Acuerdos respectivos. De esta forma, la primera instancia de impugnación ciudadana ante el Poder Ejecutivo queda suprimida.

Otro aspecto modificado es la exigencia de publicidad de las nominaciones en diarios de circulación nacional y local, que el Gobierno considera que «no responden a la dinámica actual de la comunicación y las tecnologías disponibles». También se asigna un plazo para que los precandidatos presenten sus declaraciones juradas y para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el organismo descentralizado realicen informes sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, buscando agilizar el proceso.

Nuevos plazos para la Corte Suprema

Los primeros artículos del Decreto 467/2026 detallan las modificaciones específicas para la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia. A partir de ahora, cuando un sillón quede sin cubrir, se establece un plazo de treinta días para publicar en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, durante tres días, el nombre y los «antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia».

Los postulantes deberán presentar, dentro de los cinco días posteriores a la publicación, una declaración jurada con la nómina de sus bienes propios, los de su cónyuge y/o conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores. También deberán incluir la nómina de asociaciones civiles y sociedades que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, y la nómina de clientes o contratistas durante el mismo período. Se solicitará a la ARCA un informe, preservando el secreto fiscal, sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los propuestos.

Críticas de colegios profesionales y ONG

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por el decreto, señalando que las modificaciones «eliminan instancias de participación ciudadana que, durante más de dos décadas, permitieron a universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía formular observaciones respecto de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo».

«El régimen establecido en 2003 constituyó un avance significativo en materia de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y control ciudadano sobre procesos de singular trascendencia institucional. La supresión de esos mecanismos implica un claro retroceso respecto de los estándares institucionales que la Argentina había incorporado para la designación de las más altas autoridades del sistema de justicia», sostuvo el colegio, presidido por Alejandra García.

La entidad también criticó la derogación de previsiones que promovían la diversidad de género, procedencias y trayectorias profesionales en la integración de la Corte Suprema. Por su parte, la ONG «SERÁ JUSTICIA» rechazó las modificaciones, calificándolas de «un retroceso inaceptable».

En un comunicado firmado por su presidenta, Inés Arias, y su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, la ONG afirmó que «bajo el falaz argumento de ‘eficientizar y desburocratizar’ el proceso de designación de jueces de nuestro Tribunal Supremo, la nueva norma eliminó la instancia prevista para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil presentaran impugnaciones u observaciones previas a la candidatura ante el Poder Ejecutivo».

«SERÁ JUSTICIA» vinculó el decreto al «gran desgaste político» del oficialismo con las postulaciones fallidas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, quienes recibieron numerosas impugnaciones de la sociedad civil. La ONG enfatizó que «la urgencia para completar las sillas vacantes en la Corte Suprema no puede de ninguna manera justificar el debilitamiento de la calidad democrática, que se traduce necesariamente ante la eliminación de canales de participación que fortalecían la confianza en la Justicia».