VTV: el Gobierno reglamentó la desregulación, pero las provincias definirán el alcance

La reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedó reglamentada esta semana a través de la Resolución 32/2026, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida consolida los cambios introducidos meses atrás por el Gobierno mediante la modificación de la Ley Nacional de Tránsito, habilitando a talleres privados, concesionarios e importadores a realizar la inspección y eliminando la regulación nacional sobre los precios. Además, crea un registro único para administrar las verificaciones en todo el país.

La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, busca poner fin al esquema cerrado de plantas verificadoras y fomentar una mayor competencia en el sistema. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de la adhesión de cada jurisdicción, ya que varias provincias mantienen regímenes propios y conservan facultades de control sobre el tránsito vehicular.

Menos frecuencia y más opciones para la revisión

Uno de los cambios más significativos para los usuarios, ya anticipado por el Decreto 196/2025, es la modificación en la frecuencia de las revisiones. Los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera VTV a los cinco años de su patentamiento. Luego, entre los cinco y diez años de antigüedad, la verificación tendrá una vigencia de dos años. Recién al superar la década, la exigencia volverá a ser anual.

La otra gran novedad es la apertura del sistema a nuevos prestadores. La reglamentación creó formalmente el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, permitiendo que establecimientos distintos a las plantas tradicionales se incorporen al sistema.

Así funcionará el nuevo sistema de talleres

Los establecimientos interesados en formar parte del sistema deberán inscribirse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Allí presentarán una declaración jurada que acredite el cumplimiento de todos los requisitos previstos por la normativa. Esta presentación debe incluir la identificación del solicitante, la acreditación de personería (si corresponde), la designación de un director técnico, la declaración del equipamiento mínimo exigido, la documentación que acredite la disponibilidad legal del inmueble y la constitución de domicilio físico y electrónico para notificaciones.

La Secretaría de Transporte dispondrá de 30 días corridos para revisar la documentación. En caso de detectar inconsistencias, podrá requerir su corrección en un plazo de 20 días. Si transcurren los 30 días sin observaciones ni resolución expresa, el taller quedará automáticamente inscripto en el registro y podrá ser auditado dentro de los 90 días siguientes. Además, los talleres deberán cargar los datos de cada revisión y garantizar la compatibilidad de sus sistemas con la plataforma administrada por la Secretaría de Transporte. Pese a la digitalización, la tradicional oblea no desaparecerá: los talleres seguirán entregando una constancia digital y una identificación física para el parabrisas.

Requisitos y costos para abrir una planta verificadora

La apertura del sistema no implica una flexibilización de las exigencias técnicas. La resolución establece que cada centro deberá contar con un director técnico, obligatoriamente un ingeniero matriculado, responsable de supervisar las inspecciones y garantizar el cumplimiento de los procedimientos. La infraestructura mínima incluye frenómetros, alineadores de faros con luxómetro, detectores de holguras, analizadores de gases (para nafteros), opacímetros (para diésel), decibelímetros, equipos para verificar amortiguadores y sistemas para controlar la alineación de dirección. También es obligatoria una fosa de inspección o elevador, y herramientas auxiliares.

Las calibraciones de los equipos deben quedar registradas y los instrumentos someterse a controles generales cada seis meses o cada 6000 revisiones. Todos los centros estarán sujetos a auditorías posteriores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Ingresar al negocio requiere una inversión considerable. Según estimó Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino (CVA), una línea completa para inspeccionar vehículos livianos demandaba antes de la reforma entre US$50.000 y US$60.000. Con una mayor demanda por la apertura, proyecta que estos valores podrían reducirse a un rango de entre US$40.000 y US$50.000. Abella Roigt indicó que, desde que el Gobierno anticipó la desregulación, ya recibieron entre 300 y 400 consultas de potenciales interesados en adquirir equipamiento.

La apuesta oficial: más competencia y precios más bajos

La reglamentación eliminó la regulación nacional sobre el precio de la revisión técnica. A partir de ahora, el valor de la inspección será acordado libremente entre el usuario y el taller. El Gobierno confía en que el ingreso de nuevos actores genere competencia y presione a la baja los costos para los conductores. Constantino Abella Roigt comparte esta expectativa:

Cuando comience a haber más competencia, va a bajar a la mitad de precio hacer la VTV.

El empresario incluso proyectó que la VTV podría dejar de ser solo un trámite obligatorio y ser ofrecida como parte de estrategias comerciales: «Yo creo que en poco tiempo muchas compañías de seguro o empresas lo van a ofrecer hacer gratis para captar clientes».

El rol de las provincias: Buenos Aires no adhiere

El principal interrogante de la reforma radica en la adhesión de las provincias. Dada la organización federal en materia de tránsito, las modificaciones nacionales no se aplican automáticamente, sino que cada jurisdicción debe decidir si las incorpora a su normativa local.

La provincia de Buenos Aires ya confirmó que no adherirá al nuevo esquema y mantendrá vigente su sistema actual de VTV, argumentando que licitó gran parte de sus plantas verificadoras el año pasado. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, explicaron que la ley provincial vigente debería modificarse para adoptar el nuevo esquema nacional, algo que no está previsto por el momento.

Esta situación generó un fuerte cruce político entre el ministro bonaerense de Transporte, Martín Marinucci, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Mientras la Provincia advierte que una apertura indiscriminada podría afectar la calidad de los controles y la cobertura territorial, desde Nación sostienen que el sistema actual protege un esquema cerrado de prestadores.

La seguridad vial no necesita monopolios. Los monopolios sí necesitan el discurso de la seguridad vial.

Así resumió Sturzenegger la postura oficial. A diferencia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires comenzó a debatir una posible adaptación de su normativa al nuevo esquema nacional. Un proyecto presentado por la legisladora Pilar Ramírez (La Libertad Avanza) ingresó esta semana en la Legislatura porteña para modificar la ley local de VTV y habilitar un sistema más abierto de prestadores, en un contexto donde las concesiones actuales vencen a fin de año.