Biocombustibles: el Gobierno respaldó el proyecto de Bullrich y el sector privado expuso fuertes diferencias
La discusión en el Senado por una nueva ley de biocombustibles puso de manifiesto profundas diferencias entre los distintos eslabones de la cadena productiva. Durante una reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, funcionarios del gobierno nacional, representantes de las aceiteras, refinadoras y terminales automotrices expusieron sus posiciones sobre los proyectos impulsados por las senadoras Patricia Bullrich y Flavia Royón. Ambas iniciativas comparten el objetivo de modernizar el sector, pero difieren en el ritmo de apertura del mercado y el nivel de protección para las pequeñas y medianas empresas productoras.
El Gobierno nacional dejó en claro su respaldo a la propuesta presentada por Bullrich. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que ese texto “interpreta la voluntad del Ejecutivo” y defendió un esquema basado en una mayor competencia, la eliminación progresiva de los cupos y un incremento moderado de los cortes obligatorios. En ese sentido, respaldó elevar del 12% al 15% la mezcla de bioetanol en las naftas, mientras cuestionó las iniciativas que plantean llevar el biodiésel hasta el 15%, al advertir que esa medida “encarecería de manera permanente el gasoil y tendría impacto sobre el transporte, el agro y los consumidores”.
“No vemos lógica en duplicar el corte de biodiésel, como proponen algunos proyectos, porque eso implica un aumento en términos reales, estructural y permanente del gasoil que se consume en todo el país”, señaló González, quien también consideró que el aumento del corte del 12% al 15% en el etanol parece “razonable”. Además, cuestionó el sistema vigente de cupos y defendió una apertura gradual del mercado: “No creemos en cupos, sino en la competencia”, afirmó, al explicar que el proyecto apoyado por el Ejecutivo propone avanzar hacia mecanismos de comercialización más abiertos y transparentes.
Aceiteras y refinadoras piden más competencia
Alfonso Romero, representante de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), cuestionó las iniciativas que, a su entender, limitan la competencia dentro de la cadena de biocombustibles. “Escuché muchísimo la palabra competencia hoy, la palabra ‘queremos competir’, ‘queremos ser competitivos’, ‘no le tenemos miedo a competir’ y, por otro lado, también toda la serie de restricciones que acompañan algunos proyectos que justamente evitan que esa competencia suceda”, afirmó.
El empresario sostuvo que la Argentina debería seguir el ejemplo de otros países que incrementaron los cortes para absorber mayor producción local, mencionando el caso de Indonesia que “empezó a aumentar el corte” hasta alcanzar niveles cercanos al 40%. “Creo que es algo que la Argentina puede hacer aumentando el corte y aumentando nuestro consumo”, agregó. Romero también criticó los esquemas regulatorios que distinguen entre distintos tipos de empresas para participar del negocio, asegurando que “en el mundo no se habla de integradas o no integradas, se habla de mercados competitivos y cuotas crecientes”.
Por su parte, Esteban Gambrica, de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), sostuvo que apoyan el proyecto de “Bullrich y otros”, explicando que la propuesta “tiende a la modernización y eficiencia del sector de biocombustibles” y promueve un marco regulatorio “amplio, moderno y competitivo”. Uno de los principales argumentos de la cámara a favor de la reforma es la eliminación del esquema vigente. “El régimen actual de cupos cerrados y precios administrados ha derivado en una estructura de oferta concentrada, con escasa competencia y con distorsiones que afectan al mercado”, señaló. Hernán Momo, de la misma entidad, añadió que la principal diferencia con otros proyectos radica en el corte de biodiésel. Desde CADE sostienen que no debería aumentarse la mezcla obligatoria porque “la molécula del FAME fue sustancialmente mayor en cuanto a costo que la molécula fósil” y advirtieron que “un incremento significativo de ese corte va a redundar en un mayor costo para el consumidor final en las estaciones de servicio”.
Desde CADE consideraron que el corte del 15% previsto en el proyecto que respaldan es técnicamente viable, pero evitaron pronunciarse sobre porcentajes más altos y dejaron esa evaluación en manos de los fabricantes de vehículos. La cámara también reclamó una mayor participación de las refinadoras en el negocio de los biocombustibles, una visión que se alinea con el espíritu del proyecto respaldado por el Gobierno. “Es momento de abrir el mercado a nuevas inversiones, permitir la participación plena de las refinadoras de petróleo y garantizar la libertad de comercialización interna y externa sin restricciones”, planteó Gambrica, defendiendo que el precio de los biocombustibles surja de mecanismos competitivos y no de regulaciones administrativas.
La industria automotriz alerta por los costos de adaptación
Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), añadió que la posición de la industria automotriz es conservar el esquema vigente. “La posición hoy del sector es mantener el statu quo del 12% [de bioetanol]“, afirmó, al advertir que cualquier modificación de los porcentajes obliga a las terminales a realizar inversiones y recalibraciones de motores para adaptarse a las nuevas mezclas de combustibles.
El directivo explicó que el sector podría aceptar un incremento acotado, siempre que quede establecido como techo y no como piso: “Si ese corte fuese 15%, que es un poco lo que creo que la mayoría de los proyectos establecía, que sea un corte que se fije como máximo, no como mínimo”. Rechazó los mecanismos de aumentos automáticos o progresivos: “La otra cuestión que el sector no puede acompañar es la progresividad”.
La principal preocupación de las terminales, explicó Rodríguez Canedo, es que la Argentina no se aparte de los estándares internacionales. Según detalló, salvo Brasil, los principales destinos de exportación de vehículos argentinos tienen porcentajes de etanol “iguales o por debajo de los que tenemos en la Argentina”. En el caso del diésel, el panorama es más flexible: “Tenemos menos problema porque veo que todos los proyectos hablan del 10%. Actualmente es el 7%, el 10% tiene Brasil, tienen otros mercados, con lo cual ahí nos podemos mover mucho más fácil”, dijo.
Ante una consulta sobre los costos de adaptación y los posibles daños en los vehículos, el representante de Adefa respondió:
Hemos realizado distintos análisis sobre vehículos que han circulado con cortes superiores a los actuales y se observa un desgaste acelerado del motor. Claramente, hay que cambiar el tanque de combustible, las mangueras, los filtros y los inyectores. O sea, tiene un costo alto; más allá de eso, en realidad el auto deja de funcionar en algún momento, se termina rompiendo. Esos motores, especialmente los más modernos y los que vendrán en el futuro, son posiblemente los que más puedan sufrir este tipo de cambios. Por eso la necesidad de hacer las calibraciones y las modificaciones desde el punto de vista de los materiales y de los componentes.

