Cobranzas abusivas: las denuncias por acoso se dispararon y ya hay 5,3 millones de morosos

El incremento sostenido de la morosidad en la Argentina trajo consigo un fenómeno paralelo tan silencioso como alarmante: el recrudecimiento de las prácticas abusivas, el acoso y la intimidación por parte de agencias de cobranza extrajudicial. Frente a un escenario donde 5,3 millones de personas sufren atrasos en sus pagos, proliferan los llamados a cualquier hora, los mensajes amenazantes con supuestos embargos inmediatos y el contacto directo con familiares, amigos y empleadores para exponer deudas ajenas.

De acuerdo con datos de la consultora Analytica, el 24,1% de los deudores en el sistema financiero se encuentra en situación 4 (retraso superior a 180 días) o 5 (más de un año de atraso) dentro de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), lo que los convierte técnicamente en carteras incobrables. Ante la imposibilidad de recuperar esos saldos, entidades bancarias, financieras, empresas de medicina prepaga, supermercados y firmas de telecomunicaciones suelen vender esas acreencias a estudios o centros de atención telefónica especializados por una fracción de su valor nominal.

Escalada de denuncias y prácticas fuera de la ley

Esta dinámica derivó en un estallido de reclamos formales. En la provincia de Buenos Aires, los registros de la Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores muestran un salto exponencial: los reclamos por «prácticas abusivas» y «acoso» pasaron de 393 a 1.064 de un año a otro, mientras que entre el 1° de enero y el 31 de mayo de este año ya se contabilizaron 1.237 denuncias.

Entre las maniobras denunciadas figuran notificaciones con falsos avisos de visitas de escribanos, presiones en el lugar de trabajo del deudor e intimaciones en días inhábiles o feriados.

«Se reciben numerosos reclamos y consultas por parte de consumidores que manifiestan maltrato y hostigamiento. Generan angustia, presión e intimidación, enviando mensajes a sus círculos íntimos con familiares, compañeros de trabajo o vecinos»

, explicó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, a cargo del área.

Las acciones incluso llegaron a la Justicia civil, con fallos indemnizatorios a favor de personas damnificadas que sufrieron el pegado de panfletos en sus domicilios particulares e intimaciones dirigidas a familiares directos, incluyendo menores de edad o personas con discapacidad, por deudas no contraídas o prescriptas.

Qué dice la normativa vigente y cómo actuar

Pese a que el cobro de una acreencia es un derecho legítimo de la entidad emisora, el marco regulatorio argentino fija límites estrictos. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor exige garantizar un trato digno y equitativo, al tiempo que prohíbe colocar a los usuarios en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Asimismo, prohíbe el uso de cualquier mecanismo que otorgue la apariencia de un reclamo judicial formal cuando se trata de una gestión extrajudicial.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 6171 regula de manera específica la actividad de los agentes de cobro extrajudicial. La norma prohíbe expresamente contactar a los deudores fuera de los días y horarios hábiles, enviar misivas que queden a la vista de terceros o notificar a empleadores y compañeros de tareas.

Desde la Defensoría del Pueblo porteña enfatizan que los usuarios no deben realizar ningún pago ni transferencia sin confirmar previamente que la empresa reclamante posee la facultad legal para cobrar. Ante cualquier maniobra de amedrentamiento, se recomienda guardar capturas de pantalla, registros de llamadas y realizar la denuncia correspondiente ante los organismos de Defensa del Consumidor.

Un sistema financiero acorralado por la caída de ingresos

La proliferación de las prácticas abusivas coincide con el empeoramiento de las métricas crediticias en todo el país. Según el análisis de Analytica, el 20% de las personas que operan exclusivamente con bancos registra mora, cifra que escala al 28,4% entre quienes mantienen deudas con billeteras digitales (fintech).

Claudio Caprarulo, director de Analytica, señaló que la causa estructural reside en la pérdida de capacidad de compra de las familias, sumada a la falta de educación financiera, el cambio de régimen de inflación y las altas tasas de interés reales. Quienes caen en las categorías más severas del Veraz no solo sufren la presión de las agencias de cobranza, sino que quedan marginados por completo del circuito del crédito formal.